- Apoya acciones de gobierno vs negocios de giros dudosos. Rechaza que los restaurantes estén bajando cortina por ‘derecho de piso’.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Quintana Roo respaldó las acciones del gobierno del estado para combatir la ilegalidad y la impunidad con la que operan algunos establecimientos.
El presidente del organismo Julio Villarreal Zapata expuso que el cierre reciente de establecimientos se debe a que operaban con giros dudosos de actividades irregulares, con lo que puso freno a la equivocada versión mediática nacional que aseguran que en Quintana Roo se estaban cerrando negocios por el cobro de derecho de piso nocivo por parte del crimen organizado.
Ese tipo de negocios, agregó, perjudican y laceran al sector, a la sociedad y se convierten en espacios generadores de violencia.
Los restauranteros organizados han negado que prevalezca una supuesta inseguridad como han hecho creer los giros irregulares.
El organismo trabaja de manera coordinada con los cuerpos policiales para blindar la seguridad de los negocios y confía en las acciones emprendidas por las autoridades contra aquellos negocios irregulares.
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“En la Canirac tenemos más de mil 500 agremiados y hasta el momento no tenemos ninguna noticia que algún restaurante haya tenido que cerrar porque le estén cobrando el derecho de piso, tenemos que ser claros”.
Villarreal Zapata insistió que hay confianza en las inversiones como lo demuestra la apertura de 25 nuevos restaurantes en la entidad, y lamentó que se difunda información imprecisa de lo que ocurre en la entidad.
“Ya que el cierre de negocios está ligado a bares ligados a actividades ilícitas”.
Los restauranteros están convencidos, agregó, que sólo de la mano de las autoridades se podrán combatir las prácticas incorrectas, de ahí que se mantienen trabajando en colaboración para que la violencia y la ilegalidad no tengan cabida en el estado.
En declaraciones recientes hizo un llamado a las autoridades para que se refuerce la aplicación de la ley y las regulaciones que prohíben la operación de establecimientos mercantiles ilegales o peligrosos en los municipios.
“La seguridad de la comunidad debe ser una prioridad, y es responsabilidad de las autoridades garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos”.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, expresó recientemente que el cierre de supuestos restaurantes forma parte de la oposición de algunos empresarios ante las inspecciones y revisiones de las autoridades.
“Aquí no hay tratos, aquí se acabaron los tratos. Entonces ya sale una nota informativa que ya están cerrando por la ola de inseguridad, pero el fondo es otro, y no es un restaurante ejecutivo, es un prostíbulo”.
El funcionario advirtió que mientras haya trata de personas y venta de drogas en los bares, la Fiscalía estatal no dará tregua.
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