- La industria de las apuestas advirtió sobre el cierre de casinos y pérdida de miles de empleos, si el Gobierno sigue adelante con su intención de prohibir las tragamonedas.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La industria de las apuestas advirtió sobre el cierre de casinos y pérdida de miles de empleos, si el Gobierno sigue adelante con su intención de prohibir las tragamonedas, conocidas como “sorteos de números o símbolos a través de máquinas”.
Grupo Reforma publicó el 12 de septiembre que el Ejecutivo alista una reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), para prohibir por completo en los casinos este tipo de máquinas, legalizadas en el sexenio de Felipe Calderón, y avaladas en 2016 por la Suprema Corte de Justicia.
Sólo los 448 casinos actualmente en operación podrían mantener sus máquinas durante la vigencia de sus permisos, lo que apunta a un proceso de eventual extinción de este tipo de establecimientos.
Las “máquinas de sorteos” son la principal atracción de las salas, dado que los juegos de cartas y la ruleta, no están permitidos, y las apuestas deportivas se pueden hacer por internet.
“La participación de jugadores en las salas disminuiría drásticamente, pues la oferta de entretenimiento se vería gravemente afectada. Una mayoría de las salas cerraría y se perderían miles de empleos directos e indirectos”, advirtió la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APPJS).
“La contracción en la oferta de entretenimiento a los usuarios provocaría un cierre masivo de salas de juegos, acompañado de una reducción de cerca de 90 por ciento de sus aportaciones fiscales, además de impactar profundamente en el empleo”, agregó la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego con Apuesta (AIEJA).
Los casinos pagan unos 12 mil millones de pesos anuales al fisco, entre impuesto especial a las apuestas, IVA, ISR, impuestos estatales y participaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Las asociaciones agrupan a 28 de los 36 permisionarios, incluidos los más importantes, quienes exigieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que el proyecto de reforma sea clasificado como de alto impacto, y no como de impacto moderado, que es lo que pretende la Segob para agilizar el trámite.
Más de 100 permisionarias de casinos, empresas proveedoras, sindicatos y empleados, han presentado escritos a Conamer para cuestionar el proyecto.
Para justificar la medida, el Gobierno federal argumenta que este tipo de máquinas no están permitidas por la LFJG, norma que el Congreso no ha reformado desde 1947 y está totalmente rebasada.
Agrega que se busca combatir la ludopatía o adicional juego, así como proteger a la niñez, adolescencia y adultos mayores.
Pero en vez de buscar una reforma con las mayorías de Morena en el Congreso para actualizar la ley, el Ejecutivo volverá a actuar unilateralmente por medio del reglamento, como hicieron Vicente Fox en 2004, Calderón en 2012 y Enrique Peña Nieto en 2013.
La reforma también elimina la figura del operador, por la cual una empresa distinta al permisionario es la que está a cargo de los casinos. La AIEJA, por ejemplo, agrupa a 25 empresas operadoras.
