- El parador turístico de ‘San Gervasio’ forma parte de las tierras que reclama un particular.
MARCO ANTONIO BARRERA
COZUMEL, Q. ROO.- Después de 30 años de que fueron expropiadas más de 2 mil 713 hectáreas de terrenos ejidales para construir 274 pozos que abastecen de agua potable a la isla de Cozumel, un particular reclama legalmente la restitución de tierras absorbidas que formaron parte de la finca “San Gervasio”.
El demandante identificado como Miguel Vivas Rivero encabezó un litigio legal por la omisión de ser llamado a juicio para defender sus derechos de propiedad sobre un terreno que llegó a medir 412 hectáreas 80 áreas 76 centiáreas y 68 decímetros, según los planos originales del ejido Villas de Cozumel de hace 69 años.
El quejoso demandó el cumplimiento de una sentencia a su favor dictada en el juicio 68/2015 del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, el 11 de febrero de 2017.
La propiedad del predio sobre el cual se fundamenta el reclamo está avalada por la escritura número 58 inscrita con el folio 26191 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, el 31 de marzo de 1954.
- Cáncer de mama: testimonio de vida
- Fustiga Luisa Alcalde ‘cinismo’ de expresidente
- Alertan en Quintana Roo por nuevo ciclón
Como parte del largo camino legal que ha llevado el caso, peritajes en materia de arquitectura, ingeniería y topografía establecieron que la finca tuvo una superficie reconocida de 385 hectáreas 63 centiáreas y 14 áreas, según los reportes elaborados en diciembre de 2020 y marzo de 2021.
La dificultad que enfrenta el caso legal es que se acreditó que donde alguna vez estuvo la finca, la afectación quedó repartida donde actualmente operan dos dependencias estatales.
En el primer terreno hay 274 pozos de agua potable que abastecen del líquido vital a los cozumeleños, y el segundo está sobre las instalaciones del parador turístico de la zona arqueológica maya de “San Gervasio”.
Uno está a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que opera las instalaciones con el título de asignación 12QNR-100101/32HMDA08 otorgado por la Comisión Nacional del Agua desde el 22 de septiembre de 2008, y donde aparentemente se asentó el 76.79 por ciento de la superficie de la finca.
El desposeimiento del terreno donde se encuentran los pozos de agua fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo la firma del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el 9 de febrero de 1993.
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó en un avalúo que el monto comercial en aquel momento fue de mil 200 pesos por hectárea, por lo que al suelo total afectado se le fijó un monto de indemnización de 3 millones 256 mil 158.91 pesos favorables al núcleo de población o las personas que pudieran acreditar su derecho sobre las tierras.
La parte restante fue absorbida por las instalaciones operadas por el Organismo Público Descentralizado denominado Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que sin tener la propiedad legal del suelo cuenta con un contrato de comodato otorgado por el Ayuntamiento de Cozumel, el 10 de agosto de 1994.
En el juicio civil donde se dictó la sentencia original de restitución a favor del particular se determinó que la supuesta afectación de terreno fue de 5 mil 303.61 metros cuadrados (m2) integrado por nueve polígonos.
Las superficies fueron identificadas “Carros de renta” (,647.37 m2), “Patio de maniobras” (1,865.20 m2), “Taxis” (500.87 m2), “Palapa 1” (203.28 m2), “Palapa 2” (125.21 m2), “Palapa 3” (415.49 m2), “Palapa 4” (125.21m2), “Terraza” (350.09 m2) y Cocina” (60.89 m2).
Pero lejos de resolverse, la disputa legal entró a un callejón sin salida durante cuatro años en un litigio ante la justicia federal que comenzó el 7 de octubre de 2019.
En el juicio de garantías 25768135 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Quintana Roo, el gobierno estatal participó en calidad de tercero extraño, cuya sentencia validó que fue violentada su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución General.
La falta de notificación aparentemente ocurrió cuando sin ser notificado como tercero afectado se hizo la expropiación de 2 mil 713 hectáreas 46 áreas y 57 centiáreas y 66 decímetros cuadrados de un agostadero de uso común de terrenos ejidales del poblado Villa Cozumel.
Pero el mismo fallo ordenó al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún dejar sin validez la sentencia definitiva y su ejecución, el 21 de junio de 2022.
La resolución del juez Darío Alejandro Villa Arnaiz abrió la puerta al particular para que pudiera demandar al gobierno de Quintana Roo, y este a su vez comparezca y pueda hacer valer sus derechos en la nueva resolución que habría de darse.
El gobierno estatal inconforme con la resolución elevó la pelea legal con un recurso de revisión que se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado bajo el expediente 30698298, el 23 de agosto pasado.
La sentencia definitiva de esa segunda instancia elaborada por el presidente del citado órgano jurisdiccional, magistrado Leonel Jesús Hidalgo, ordenó revocar la sentencia del juez de Distrito.
Igualmente, sobreseyó (dejó el reclamo en el mismo estado en que inició) el juicio de amparo, con lo cual se dio vigencia a la sentencia de la sucesión de bienes en la sentencia civil, de la cual resta su ejecución y se haga efectiva la restitución del suelo.
