- Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, informó que habrá apelación.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, declaró que su gobierno apelará la multa que la Procuraduría de Protección al Ambiente determinó para el Ayuntamiento por el caso del mal manejo del relleno sanitario de la parcela 196, consistente en un millón 200 mil pesos.
“Se va a presentar un recurso de revisión, y también comentarles que al final del camino todos estos gastos extraordinarios que tenemos que hacer por un mal manejo de la concesión, pues serán también peleados hacia la parte de la concesión, y pues de esa manera que nosotros tengamos que asumir el menor costo posible, porque al final fue el mal manejo de la concesión lo que ocasionó esto”, expresó.
La notificación de esta multa, así como la multa a la concesionaria Promotora Inmobiliaria Mahahual (Pimsa), se hicieron el pasado viernes 10 de noviembre, consistentes en un millón 200 mil, y 5 millones 300 mil pesos, respectivamente, luego de que PPA constatara alrededor de 45 infracciones a la Norma Mexicana 0083, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Amplían en Isla Mujeres el Centro de Monitoreo C2
- En Quintana Roo no hay repunte de Covid
- Proyectan ocupación destacada en restaurantes
Entre las faltas más graves que se encontraron están el desbordamiento de las lagunas de lixiviados, rebosamiento, y obstrucción de los drenajes de lixiviados, falta de compactación de residuos, mal estado y funcionamiento de los pozos de venteo y presencia de lixiviados fuera de las geomembranas.
Actualmente, CIPRES Red Ambiental es la empresa encargada del relleno sanitario de la parcela 196, incluyendo los trabajos de saneamiento acorde a las medidas establecidas por la PPA, los cuales, si bien son responsabilidad de Pimsa, al encontrarse suspendida la empresa por el proceso de rescate de la concesión y de la denuncia ante PPA, no puede realizarlos.
Cabe recordar que, en su momento, la presidenta municipal expresó que la denuncia y sanciones que se asignarán a la concesionaria serían una llamada de atención a todas las empresas concesionarias de servicios públicos, tanto las actuales como futuras, para que reconozcan su deber en llevar bien las labores que desempeñan y evitar caer en malas prácticas.
“Estamos solucionando un problema de muchas administraciones pasadas, de una concesión mal dada, mal manejada que nos lleva a este momento. Y esto es un precedente para cualquier otra concesionaria de que no vamos a ser permisivos en las malas operaciones o el mal manejo”, declaró.
