- Por orden de Peña Nieto, la extinta PGR constituyó un grupo de espionaje para identificar a los funcionarios del Gobierno federal con vínculos al crimen organizado.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Por instrucciones de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) constituyó un grupo de espionaje para identificar a los funcionarios del Gobierno federal que tuvieran vínculos con el crimen organizado.
Documentos judiciales y testimonios de ex funcionarios, en poder de Grupo REFORMA, detallan que esta acción encubierta fue denominada “Operación Escudo” y que la gestión de Jesús Murillo Karam autorizó la compra de equipos a empresas israelíes, los cuales fueron instalados en una residencia ubicada en Explanada 1230, en las Lomas de Chapultepec, que había sido asegurada a Raúl Salinas de Gortari.
El grupo de contrainteligencia operó del 2 de octubre de 2013 a julio de 2015, durante las gestiones de Murillo Karam y Arely Gómez, y se enfocó a investigar a funcionarios de la propia Presidencia, las Secretarías de Gobernación y Hacienda y la propia PGR.
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Según los documentos, el propósito era contar con la información necesaria para blindar a los funcionarios peñistas recién llegados.
Por cuestiones administrativas, más de una treintena de funcionarios que estuvieron comisionados en este centro de contrainteligencia desde un principio se dieron de baja de la PGR y los dieron de alta como “informantes”, para que les pagaran el equivalente a sus salarios con la partida de: “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
Funcionarios que conocieron del caso aseguraron que, durante el tiempo en que estuvo en marcha, la “Operación Escudo” fue relativamente exitosa, porque detectó en varias dependencias a algunos servidores públicos con nexos delictivos.
Sin embargo, mencionaron, la única medida que tomó el Gobierno federal fue despedirlos. Del caso tiene conocimiento actualmente la administración de Alejandro Gertz, en la FGR, porque lleva a cabo una investigación única y exclusivamente por la compra de la tecnología que fue adquirida.
La indagatoria está enfocada en el pago de 250 millones de pesos a la empresa israelí Duritz, por el servicio de configuración y puesta en marcha de cuatro plataformas de inteligencia móviles y el arrendamiento de 10 equipos interceptores.
EL HALLAZGO
A mediados de 2013, el descubrimiento de varios micrófonos ocultos en las oficinas de Los Pinos y otras dependencias federales puso en alerta al Ejecutivo Federal.
El hallazgo motivó que la administración del Presidente Peña, que apenas llevaba un semestre de iniciada, ordenara conformar un equipo de contrainteligencia coordinado por la Presidencia y apoyado de la entonces PGR.
Documentos judiciales revelan que esta acción encubierta fue denominada “Operación Escudo”. La PGR pagó 250 millones de pesos por 4 plataformas de inteligencia y el arrendamiento de 10 equipos interceptores que instaló en la casa de Explanada 1230, en las Lomas de Chapultepec, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, y que por aquellas fechas estaba asegurada.
La actual gestión de Gertz en la FGR tiene conocimiento de este caso porque lleva a cabo una investigación por la compra de tecnología que fue instalada en la casa.
En la carpeta de investigación FED/VG/UNAICDMX/0000613/2020, la FGR sólo está enfocada a indagar el pago presuntamente ilegal de 250 millones de pesos a la empresa Duritz Holdings Limited, proveedora del equipo.
La misma Fiscalía cuenta con expedientes internos, incluidos en dicha indagatoria, que identifican este caso como “Explanada”.
La investigación ya fue judicializada por los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y fraude equiparado.
Esta es una de las causas penales por las que se ordenó la aprehensión de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy localizado en Israel.
En el mismo procedimiento, próximamente se hará una audiencia de imputación contra otros seis colaboradores de Murillo Karam, entre ellos la ex Oficial Mayor de la PGR, Judith Aracely Gómez Molano, ya procesada por otras imputaciones.
LA COORDINACIÓN
Al recibir la instrucción del Presidente, el entonces Procurador Murillo Karam convocó a una reunión a varios mandos de la PGR para informarles que llevarían a cabo una operación de carácter confidencial. De acuerdo con documentos de la investigación relacionada con los contratos, en esa junta el Procurador les dijo que la finalidad de la acción era identificar actividades de organizaciones delictivas y su posible infiltración, incluso en la PGR.
Por separado, funcionarios de la pasada administración dijeron que la Presidencia quería que este grupo especial lo coordinara Tomás Zerón de Lucio, jefe de la AIC, sin embargo, Murillo se opuso y pidió que fuera alguien de su confianza.
El nombre que puso sobre la mesa fue el de José Luis Gutiérrez Ayala, un director de área adscrito a la oficina del Procurador.
Según la carpeta de investigación, la Procuraduría instrumentó la instrucción presidencial con base en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto en Seguridad Pública, que prevé el ejercicio de recursos para las operaciones encubiertas.
El 2 de octubre de 2013 la Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, giró un oficio para requerirle la autorización de recursos financieros de la Partida 33701 a Gutiérrez Ayala, quien sería el responsable administrativo de dicho operativo.
Una vez autorizado el dinero, el 11 y 18 de noviembre del mismo año, Zerón y el Capitán César Gustavo Ramírez Torralba, director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control de la PGR, suscribieron los contratos para comprar los equipos de espionaje en 250 millones.
Ambos fueron suscritos con la empresa Duritz Holding Limited, con sede en Gibraltar, aunque pagados a una cuenta de la empresa en el United Mizrahi Bank, en Zurich, Suiza.
Un ex funcionario del Gobierno Federal dijo que en un principio se usaron alrededor de 120 plazas no ocupadas de la PGR -tanto administrativas como sustantivas- para contratar a quienes llevarían a cabo la operación.
Aunque en la Procuraduría estaban en el entendido que Gutiérrez Ayala sería el coordinador de este grupo especial, lo cierto es que su primer coordinador fue un familiar de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Peña, a quien identificaban con el distintivo “Zeus”.
En febrero de 2014, la PGR tomó la decisión de dar de baja como servidores públicos al personal de la “Operación Escudo” y darlos de alta como “informantes”, para cubrirles sus salarios con la misma partida con la que se compraron los equipos de espionaje.
Fue en aquel momento en que “Zeus” renunció a la operación encubierta.
En febrero de 2015, Murillo Karam fue relevado de la PGR por Arely Gómez y cinco meses más tarde la Procuradora desmanteló el equipo.
Si bien la Fiscalía de Asuntos Internos afirma que los equipos de espionaje no obran en el inventario de la FGR, los aparatos fueron transferidos a la AIC. Se desconoce el destino que tuvieron los audios y registros que fueron obtenidos en esta operación encubierta.
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