José Luis Carrillo
En menos de un mes, Nuevo León ha tenido dos gobernadores interinos, un gobernador constitucional y un precandidato a la presidencia de la República.
Y todavía no llega el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
Como diputado local, Samuel Alejandro García Sepúlveda, criticó abiertamente los deseos “trapecistas” del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien entre enero y julio del 2018, participó como candidato independiente a la presidencia de México.
Está decisión del “Bronco” fue interpretada como una estrategia política para buscar “descarrilar” al entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, apoyando la estrategia electoral del PRI y Enrique Peña Nieto hacía su candidato, José Antonio Meade Kuribreña.
Rodríguez fue militante del PRI durante más de 33 años y renunció a este instituto político para buscar convertirse y lograr ser candidato y luego gobernador independiente, figura política prohibida en Nuevo León desde 1946.
Los hechos confirman la máxima que reza que “nadie es profeta en su tierra”, Rodríguez Calderón sufre una estrepitosa derrota en el pasado proceso electoral, ya que ni siquiera gana en Nuevo León.
Unos meses después de dejar la gubernatura, “El Bronco” es encarcelado durante tres meses, en el penal de Apodaca, acusado de desvío de recursos públicos, para obtener el número requerido como candidato independiente.
El 15 de marzo del 2022, pasa de ser gobernador y aspirante independiente a la presidencia, a ser el Reo 10634 en el penal ubicado en el municipio metropolitano de Monterrey; en las mismas instalaciones que fueron realizadas durante su mandato constitucional.
El actual gobernador constitucional de la entidad norestense, como diputado local censuró a su predecesor al buscar la presidencia de la República, como candidato se comprometió a “cumplirle” a los ciudadanos permaneciendo en el cargo durante los años de mandato constitucional, pero hace meses pareció perder la memoria.
Empezó a subir videos acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú y de su bebé, Mariel, nacida el pasado 10 de marzo, para iniciar su estrategia de marketing político, siempre apoyado por su estratega Rafael Valenzuela, iniciando los mensajes que indicaban su interés por convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano.
“Ya les pedí permiso a Mariana y a Mariel” publicó en sus redes sociales, en forma eufórica días antes de que formalizara su solicitud de licencia a la gubernatura de Nuevo León.
Sin embargo, Samuel nunca pidió “permiso” a los casi 800 mil nuevoleoneses que votaron por él.
Y entonces empezó el “novelón” político en Nuevo León.
Al regresar de una de sus múltiples giras internacionales, cuyo argumento siempre fue buscar que “Nuevo León fuera conocido a nivel mundial”, el emecista sorprende a su propia bancada en el Congreso Estatal, al solicitar una licencia al cargo de Gobernador del dos de diciembre al dos de junio, para participar en el proceso Constitucional Presidencial.
Los diputados locales, en su mayoría del PRI y PAN, otorgan la licencia y buscan hacer válido el artículo 122 de la Constitución Política de la Entidad, que los faculta para nombrar al gobernador interino durante seis meses.
García busca a toda costa que las bancadas contrarias a MC, nombren al secretario de Gobierno, Javier Navarro, como interino, obteniendo como respuesta la designación de Arturo Salinas, mismo que pide licencia como presidente del Tribunal de Justicia, y anteriormente fue diputado local panista.
García desconoce este nombramiento y mediante varias acciones judiciales, obtiene varios amparos, mientras que la Suprema Corte de Justicia, ordena al Congreso de Nuevo León, repetir el proceso de selección de gobernador interino y desconoce a Salinas, mismo que regresa a su cargo original.
Ya como precandidato único de MC a la presidencia de México, García presenta una terna de funcionarios estatales integrada por Javier Navarro, secretario de Gobierno y entonces encargado del despacho; Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, buscando que los diputados nombraran como interino a alguno de ellos.
Sin embargo, esta jugada tampoco le resultó favorable al emecista, ya que los legisladores, vía la comisión de gobernación, citaron el pasado jueves 30 de noviembre, horas antes de que entrara en vigor la licencia otorgada a García, para votar y nombrar al vicefiscal Luis Enrique Orozco, sumamente cercano al excandidato a la gubernatura por el PRI, Adrián de la Garza.
Esto provocó una trifulca en la sede legislativa, al irrumpir decenas de emecistas que buscaban evitar que se tomara protesta a Orozco; a pesar de estar plenamente identificados, el gobernador con licencia culpó al PRI de ser el responsable de lo sucedido.
García dejó pasar unas horas, mientras que el Palacio de Gobierno, permaneció sitiado por elementos de fuerza civil, para evitar que el gobernador interino, nombrado por el Congreso Estatal y avalado por la Suprema Corte pudiera ingresar.
Pasada la medianoche, ya el sábado reaparece en las instalaciones estatales para anunciar su regreso a ser gobernador constitucional, a lo que el Congreso lo acusa de desacato al contar con una licencia vigente.
El domingo tres de diciembre, un día inusual para realizar publicaciones; la Suprema Corte de Justicia reafirma que es el Congreso Local la instancia legal definitoria en este “novelón” político-judicial.
Sin embargo, García sigue sin acatar, mientras que Orozco deambula en su vehículo por las calles de Monterrey, con su nombramiento de gobernador interino y cita a reuniones a funcionarios estatales y elementos de fuerza civil, teniendo una nula respuesta.
Mientras tanto, García realiza una gira por el municipio metropolitano de Escobedo, recalcando ser el “gobernador constitucional” de Nuevo León.
Unas horas después, el lunes cuatro, aparecen Arturo Salinas, quien fuera gobernador interino por unas horas, ahora de nuevo como presidente del Tribunal de Justicia; Luis Enrique Orozco, quien fuera también gobernador interino por unas horas y el diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, para anunciar al filo de las 13:30 horas que reconocían a García como gobernador constitucional.
El argumento oficial fue evitar seguir adelante con una crisis constitucional que afectaba seriamente al estado.
Sin embargo, el pleito dista mucho por finalizar.
Ahora se reinician la discusión por dos mil 500 millones de pesos en recursos federales que debieron ser entregados a municipios metropolitanos y que nunca llegaron a las tesorerías municipales, salvo a las afines a Movimiento Ciudadano y al gobernador García.
Esa es otra historia.
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