- Abogados advirtieron que las medidas tomadas por Samuel García, abren las puertas a litigios por el cobro de impuestos.
ÁNGEL CHARLES / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Luego de que el Gobierno del emecista Samuel García publicó dos decretos anunciando que en el 2024 se aplicará el mismo Presupuesto del año pasado, en lo que se conoce como “tácita reconducción” del gasto, abogados advirtieron ayer que, aunque la medida es legal, abre la puerta a litigios por el cobro de impuestos.
Los litigantes agregaron que si el Congreso local, con mayoría del PRI y del PAN, combate este Presupuesto, podría paralizar la actividad económica si obtiene una suspensión judicial, por lo que lo mejor sería llegar a un acuerdo político.
Además, advirtieron que el Estado podría enfrentar problemas financieros al no contar con un techo de endeudamiento mayor al del año pasado, como lo planeaban para poder avanzar en los proyectos de infraestructura anunciados.
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“(La ‘tácita reconducción’) no es la mejor opción, pero sí es legal”, dijo el abogado Olmo Guerrero.
“Pero está muy debatible para hacer cobros (de impuestos)”, alertó, “(pues) desde la perspectiva del contribuyente, para los cobros no hubo debate y las leyes eran para el 2023.
“Aunque digan que haya ‘tácita reconducción’, un tema de seguridad jurídica sí da para que haya debates y litigios al respecto”.
Al publicar los decretos, el Gobierno emitió un comunicado afirmando que todos los entes públicos, incluidos los organismos electorales, tendrán la suficiencia presupuestal para cubrir sus compromisos, sin detallar cómo cumplirán con las peticiones de más presupuesto.
Ayer se buscó una postura del Estado sobre cómo le dará mayores recursos a los organismos electorales que deberán organizar y calificar el proceso electoral de este año, pero no atendieron la petición de entrevista.
El abogado fiscalista Bernardo Elizondo coincidió en que la medida de la “tácita reconducción” es legal, porque está contemplada en la Constitución local, pero que podría acarrear otros problemas al Estado.
“Es legal, porque es un caso de excepción cuando no se haya publicado (el Presupuesto) y dice la Constitución ‘por cualquier motivo o circunstancia’ que no se haya publicado Ley de Ingresos o Egresos para el año en curso”, expresó Elizondo.
“(Pero) considero que va tener esa problemática el Estado”, señaló, “en el sentido de no poder contar con el techo de endeudamiento que requiere para poder darle seguimiento a los proyectos de obra pública que existen”.
El techo de endeudamiento para el año pasado rondaba los 4 mil 680 millones de pesos, mientras que para este año el Estado solicitaba unos 12 mil 970 millones de pesos, es decir, un 177 por ciento más.
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