Por KUKULKÁN
SERÁ cuestión de días u horas en que el gobierno del estado dé a conocer su posición sobre el fenecimiento de la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguakan y el conflicto legal que seguramente se avecina para lo cual también ya se tendría su vacuna en caso de que la concesionaria quisiera pelear en tribunales hasta las últimas consecuencias y donde seguramente saldría perdiendo pues sobre el escritorio de la Fiscalía General de Justicia le espera un grueso expediente con pruebas de la corrupción política en que participó para que le ampliaran la vigencia como operador único, de 2023 a 2053.
CORRÍA la época de Roberto Borge Angulo cuando la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo votó por esta ampliación nueve años antes de su vencimiento, mucho tiempo de anticipación, y después resultó que Aguakan había pagado ilegalmente por esa ampliación la cantidad de mil 050 millones de pesos, dinero que desapareció de las arcas públicas hacia diversas cuentas, hechos por los que ya existen abiertas denuncias contra los responsables. La empresa pretende amagar alegando que le están rescindiendo el contrato sin motivo legal, aunque lo que hizo la actual XVII Legislatura fue abrogar la ampliación otorgada en 2014.
POR ESO, el último día del año 2023 marcó un hito en la historia de Cancún, ya que concluyó la concesión del servicio de distribución de agua, gracias al Decreto 195 emitido por el Congreso de Quintana Roo el 22 de diciembre pasado. Esto, sin duda, desató un conflicto legal en el que el Gobierno del Estado está en el centro de la atención. El diputado Luis Humberto Aldana, presidente de la Comisión transitoria especial para el seguimiento y atención de las concesiones otorgadas a la empresa, dejó en claro que es imperativo garantizar el derecho humano al vital líquido. Los ciudadanos merecen tarifas asequibles, un servicio continuo y mejoras en las deficiencias que aquejan a Aguakan.
LAS QUEJAS de la población son abundantes, y van desde tarifas excesivas hasta la negativa a corregir errores de cobro. Además, se les imponen cuotas extraordinarias y se altera la tarifa oficial. La población se siente desamparada ante estas prácticas abusivas, y el diputado Aldana sostiene que es hora de que el gobierno tome las riendas y asegure el derecho al agua para todos. No hay visos de ilegalidad, pues en el marco de sus facultades constitucionales el Congreso del Estado tomó una decisión en respuesta a la demanda ciudadana de frenar los abusos de la concesionaria. La consulta ciudadana vinculante respaldó la retirada de la concesión en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.
DESDE el Congreso se tiene una investigación a fondo cuyos resultados arrojan que ha ocultado información importante, como la modificación de cláusulas en 2014 que afectan la concesión actual. Esto, junto con la falta de inversión y el presunto desvío de fondos millonarios, plantea serias preguntas sobre la integridad de la empresa. En respuesta al anuncio, Aguakan lanzó un comunicado sobre un supuesto amparo federal que les otorgó ya la suspensión provisional en contra de la decisión de los diputados, aunque al Congreso todavía no llega notificación alguna por lo que el procedimiento administrativo seguirá en marcha.
ANTE esas declaraciones, el diputado Humberto Aldana, presidente del Congreso, confía en que la razón legal está del lado del Gobierno del Estado, que busca abrogar un Decreto que ampliaba la concesión de manera anticipada hasta 2053, sin que sea necesario pagar una indemnización de 8 mil millones de pesos. Este conflicto legal por el agua en los municipios de la zona norte de Quintana Roo será un tema candente en los próximos meses, con implicaciones importantes tanto para los ciudadanos como para Aguakan. El vital líquido no debería ser una fuente de ganancias desmedidas, sino un derecho fundamental de todos los habitantes de Cancún.
