- La justicia le impide a Roberto Borge salir de prisión.
MARCO ANTONIO BARRERA
TOLUCA, EDOMEX.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, seguirá preso para enfrentar el proceso penal que se le sigue por el delito de delincuencia organizada, el cual se le vincula por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al exmandatario estatal que despachó de 2011 a 2016, le fue negada la suspensión definitiva por un juzgado federal con la que pretendió obtener medidas cautelares para que le fuera decretada su libertad inmediata del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos.
Una resolución en el amparo indirecto 34219976 del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Estado de México, resolvió que seguirá con la medida preventiva oficiosa relacionada con la causa penal 381/2017, a la que se vinculó la 541/2019 por delincuencia organizada.
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El encarcelamiento de Borge Angulo fue decretado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, conocido también como “El Altiplano”.
La defensa legal del cozumeleño solicitó medidas cautelares contra el desechamiento de una solicitud del Juez de Control Enrique Beltrán Santes, para llevar a cabo una audiencia de revisión de las medidas cautelares.
El impartidor de justicia negó la petición el 9 de diciembre pasado, lo que fue acordado legalmente 16 días después, y le fue notificado a los 2 días siguientes.
La negativa de la libertad inmediata fue dictada durante una audiencia pública que encabezó el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en la capital mexiquense, Erik Roberto Frías Guerrero, quien funge como encargado del Despacho de la Guardia Vacacional.
El funcionario judicial ordenó la apertura del procedimiento con el informe previo rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en el “Altiplano” en funciones de Juez de Control.
En la fase de alegatos las partes se abstuvieron de ofrecer nuevos elementos y se procedió a dictar la resolución de solicitud la suspensión solicitada en el juicio de garantías el 29 de diciembre de 2023, contra el desechamiento de la petición de una audiencia de revisión de medidas cautelares contra la prisión preventiva oficiosa.
En el mismo fallo, el impartidor de justicia determinó también conceder la suspensión definitiva para que el exgobernador quede a disposición del juzgado federal en lo que se refiere a su libertad en el mismo lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez de origen para la continuación del procedimiento.
La medida prevalecerá hasta que la autoridad responsable sea notificada de la sentencia con que concluya el juicio de amparo, debido a que cuando se tramitó el quejoso ya se encontraba detenido por orden de una autoridad judicial.
“Los efectos previstos no tienen los alcances pretendidos por la parte quejosa, es decir, que se decrete su inmediata libertad… Ante este panorama, no es dable dar a la medida suspensiones el alcance pretendido por el inconforme, esto es otorgar su inmediata libertad”.
Roberto Borge Angulo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Panamá el 4 de junio de 2017, como presunto responsable del delito federal de delincuencia organizada, y otros tres cargos penales del ámbito estatal.
Una de las acusaciones locales es por aprovechamiento ilícito del poder (causa penal 151/2027) por contratos firmados por la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, cuyos servicios fueron utilizados durante su gestión dejando una deuda de más de 11 millones de pesos.
Un segundo cargo tiene que ver con desempeño irregular de la función pública (154/2017), por un supuesto quebranto financiero al exentar pagos fiscales al otorgar concesiones de carros de golf en Isla Mujeres.
Un tercer cargo tiene que ver con peculado (159/2017) por la venta a precios de remate de 18 bienes inmuebles propiedad del estado de Quintana Roo, que estaban bajo resguardo del entonces Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).
