- Desde 1997, varios funcionarios del Cisen fueron citados a declarar ante la Subprocuraduría Especial del caso Colosio.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO 04-Feb-2024 .-La FGR presume que cuando menos nueve funcionarios del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fueron parte de una trama para liberar a su agente Jorge Antonio Sánchez Ortega, cuando estuvo detenido unas horas por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
Además de Jorge Tello Peón y Genaro García Luna, las pesquisas señalan que hubo otros integrantes del órgano de inteligencia, tanto del directorio central como de la delegación estatal, en la cadena de mando que habría liberado de la Delegación de la entonces PGR en Tijuana a quien actualmente consideran como el segundo tirador.
Sánchez Ortega fue detenido la tarde del magnicidio en Lomas Taurinas, con su chamarra blanca manchada con sangre del candidato.
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Horas después, dio positivo tanto a la mariguana en el antidoping como a la prueba de radizonato de sodio o prueba de Harrison Gilroy. Al día siguiente fue liberado bajo reservas de ley.
Ahora, la Fiscalía cree que el Cisen operó para la liberación de Sánchez Ortega, desde su director Jorge Tello Peón; su entonces secretario general, Alejandro Alegre Rabiela; y los directores de Protección y de Investigación, Wilfrido Robledo Madrid y Edmundo Salas Garza.
También, García Luna y José Rodolfo Juárez Guerrero, adscritos a la Dirección de Protección; Arturo Humberto Gutiérrez Manzano, delegado del Cisen en Baja California, y sus dos jefes de departamento Juan Manuel Sánchez Rosales y Rubén Rodríguez Gutiérrez.
Desde 1997, varios funcionarios del Cisen fueron citados a declarar ante la Subprocuraduría Especial del caso Colosio y mencionaron que García Luna fue enviado a Tijuana la tarde del 23 de marzo de 1994.
En 2023, nuevamente fueron citados otros de los que entonces estaban en el órgano de inteligencia y volvieron a referir el viaje de Genaro.
No hay controversia con respecto a que el que después fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón viajó el día del magnicidio a la ciudad fronteriza.
García Luna en aquel tiempo tenía 26 años y era subdirector de área de la Dirección de Protección del Cisen y su jefe Wilfrido Robledo -fallecido en 2022-, quien le dio la instrucción de tomar el vuelo a Tijuana para conocer de primera mano lo sucedido, según informes gubernamentales.
Viajó de la Ciudad de México a Tijuana con otros cuatro funcionarios del Cisen, entre ellos, José Rodolfo Juárez Guerrero, también adscrito a la misma área de Protección.
Genaro iba al frente del grupo y era el único que llevaba un teléfono celular para reportar de las incidencias a sus superiores.
Otros funcionarios del centro de inteligencia que llegaron esa tarde a la delegación de la PGR fueron el delegado estatal Arturo Humberto Gutiérrez Manzano y sus dos jefes de departamento Juan Manuel Sánchez Rosales y Rubén Rodríguez Gutiérrez, este último responsable de la oficina en el Aeropuerto de Tijuana.
La FGR hoy supone que, a través de una cadena de mando, funcionarios de inteligencia presionaron para que soltaran a Sánchez.
Aunque esa cadena de mando apunta más arriba, hacia la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
“Se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, dijo hace unos días la FGR en un comunicado.
Esta hipótesis tiene como punto de partida un informe del 17 de mayo de 1994, rendido a la PGR por Edmundo Salas Garza, el entonces director de Investigación del Cisen.
El documento contiene un testimonio de Sánchez Ortega en el que asegura que, cuando estaba detenido, Tello Peón llamó por teléfono al delegado de la PGR y casi de inmediato éste lo sacó de su despacho para que le practicaran el antidoping, el examen médico y la prueba de radizonato.
Sánchez Ortega fue llamado a declarar el 7 de febrero de 1997 y reiteró que el director del Cisen hizo esa llamada.
Salas Garza también declaró que, al enterarse del atentado contra el candidato, el secretario general del Cisen, Alejandro Alegre, le ordenó trasladar personal para verificar la situación del agente detenido y por ello envió al delegado Gutiérrez Manzano.
A su vez, Gutiérrez Manzano confirmó que Salas Garza fue quien le dio la orden de acudir a la PGR para indagar la situación jurídica de Sánchez y buscar su liberación, porque no tenía nada qué ver con el crimen.
Rodríguez, el funcionario del Cisen que tenía su base en el Aeropuerto, también dijo que cuando estaba en la delegación de la PGR, Wilfrido Robledo le ordenó vía telefónica esperar al arribo del Procurador General Diego Valadez y su subprocurador Alfonso Cabrera Morales, para que hablara con ellos.
En su declaración de abril de 1997, Rodríguez mencionó que en la sede ministerial vio a García Luna.
Además de los funcionarios de la PGR, los enviados del Cisen dijeron a la Fiscalía haber visto en la delegación a los gobernadores de Baja California y Sonora, Ernesto Ruffo Appel y Manlio Fabio Beltrones.
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