- Derimaya ahora trata de ampararse contra la UIF.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La ola de amparos de la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) se enfiló ahora contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La compañía a la que recientemente se le ejecutó una orden de cateo y el aseguramiento de equipos de cómputo, documentos contables y el inmueble donde tiene sus oficinas, solicitó protección legal contra un bloqueo de cuentas bancarias.
La compañía tiene una participación estatal del 51 por ciento, pero es administrada por particulares, y es investigada por incurrir presuntamente en el delito de administración fraudulenta contra el patrimonio del gobierno del estado, denunciados del 6 de julio de 2023.
Este nuevo juicio de garantías se interpuso contra el “Acuerdo de bloqueo 43/2024” ante una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El ordenamiento legal establece que en los casos previstos se pedirá a la SHCP, quien a su vez hará una petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o del banco de que se trate, una opinión sobre el titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico que pudiera incurrir en una serie de delitos enumerados en el Capítulo IV de la citada Ley.
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La solicitud de amparo tiene el número 34664449 del Juzgado Tercero de Distrito de la entidad, misma que se tramitó el 14 de febrero pasado, y en la cual se le hizo una prevención aclaratoria a los cinco días siguientes.
Esta misma compañía mantiene activa otra solicitud de protección federal contra el Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, que ordenó el cateo ejecutado el 19 de enero pasado.
En la técnica de investigación se realizó la búsqueda, localización y aseguramiento de documentación contable y financiera, presupuesto y pólizas de ingresos y egresos, estados financieros del Consejo de Administración, relaciones de cuentas por cobrar y pagar, pólizas de ingresos y egresos, y los lotes de comercialización de la reserva de sus polígonos.
La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales (FEDP) buscó libros y cualquier documentación fiscal, contable o financiera, balances y auxiliares y equipos de cómputo, portátiles, tabletas y cualquier otros que pudieran almacenar información, del 1 de enero de 2021 al 18 de enero de 2024.
En el procedimiento se aseguró un edificio color gris de tres niveles en cuyo acceso tiene un logotipo metálico con el nombre de la compañía mencionada.
Sobre estos hechos, se mantiene activo el amparo 34496918 del Juzgado Cuarto de Distrito, mediante el cual la moral pretende desestimar legalmente la orden judicial.
En el juicio se le negó la suspensión provisional y siguió una queja, pero fue infundada en el caso 34591667 del Segundo Tribunal Colegiado.
En el acta de Constitución de Sociedad, con el Folio Mercantil Electrónico 1052 del Registro Público de la Propiedad de Playa del Carmen, se menciona como accionista de Derimaya a la particular Ofelia González Whitt, desde el 17 de diciembre de 1999.
Esta misma persona tramitó dos amparos ante la justicia federal contra órdenes de detención en su contra, uno el 18 de diciembre de 2023, y el otro al día siguiente. El juicio 34138739 del Juzgado Noveno de Distrito de Cancún se sobreseyó, el 1 de febrero pasado, y en el otro, con número 34138110 del Juzgado Octavo, se concedió una suspensión provisional que fue condicionada al pago de una garantía económica de 10 mil pesos, el 27 de diciembre del año pasado.
