- El CCE del Caribe pide que la Ley Silla se aplique en todos los sectores.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La Ley Silla, es decir, la reforma de cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar el derecho de las personas al descanso durante su jornada laboral, debe enfocarse a todos los sectores, no sólo a negocios particulares, sino también a dependencias gubernamentales.
Así lo consideró Eduardo Martínez González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, luego de que el Senado aprobó por unanimidad la Ley Silla, que les prohíbe a los empleadores obligar a sus trabajadores a permanecer de pie durante todo su turno.
Expresó que esta reforma es importante y contribuye a cuidar la salud y prevenir enfermedades, pues estar en jornadas de trabajo extensas, donde una persona permanece de pie por varias horas, puede generar una serie de complicaciones.
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Aunque la disposición se dirige a los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, en el resto de las industrias la regulación será aplicable únicamente si la naturaleza del trabajo lo permite, de ahí que consideró que se debe aplicar para todos.
“Creo que la Ley es positiva, pero tiene que enfocarse a todos, no sólo debe enfocarse a empresas particulares, a negocios particulares, sino también debe enfocarse a las paraestatales y dependencias del estado, es decir, que lo mismo el IMSS, Senado y demás dependencias deberían sumarse”.
En ese sentido, el líder empresarial apuntó que, en caso de ser avalada por los diputados federales, esta Ley ayudaría a un mejor estado de ánimo de los trabajadores, donde en ocasiones, algunos colaboradores no brindan un servicio adecuado, debido al tiempo que llevan de pie.
Martínez González apuntó que esta propuesta es sana, pero en caso de implementarse deberá de verificarse para que no se preste a abusos por parte del trabajador y de los empleadores.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para revisarla y ratificarla, y con ello las disposiciones sean obligatorias, por ello, en caso de no modificarse el dictamen en San Lázaro, las empresas tendrán 180 días de plazo para cumplir con los cambios después de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
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