Cerca justicia a Eligio Sierra, extesorero de Puerto Morelos

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  • Eligio Sierra Peña fue el tesorero de Puerto Morelos en el gobierno de Laura Fernández Piña.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una segunda orden de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo) estrechó el cerco legal contra Eligio Sierra Peña.

El extitular de la Tesorería Municipal en la pasada administración de la entonces alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, enfrenta más cargos penales como parte de la carpeta administrativa 497/2023.

Los hechos fueron denunciados por la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de Puerto Morelos, lo cual generó el mandamiento de captura del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Solidaridad.

El exfuncionario buscó la protección federal mediante un amparo interpuesto el 7 de diciembre pasado, el cual inicialmente fue desechado, pero después se admitió bajo el número 34099656 del Juzgado Quinto de Distrito en la entidad.

A Sierra Peña primero se le concedió la suspensión provisional condicionada al pago de una garantía económica de 5 mil pesos (3 de enero), y después se le negó la suspensión definitiva el 15 de enero pasado.

El quejoso relató al juez federal que supo de los nuevos cargos porque policías de investigación de la Feccqroo se entrevistaron con sus familiares en su domicilio en Puebla, para preguntar el sitio de su localización.

A los agentes se “les manifestó que no podía informarles nada al respecto, y que, además, yo contaba con una suspensión definitiva en un juicio de amparo del Juzgado Tercero de Distrito de ese mismo estado para no poder detenerme”.

La respuesta de los investigadores es que ya tenían conocimiento del amparo, pero que no iban por ese asunto, sino por otro relacionado con una carpeta de investigación distinta.

Este caso se mantiene activo en espera de sentencia, pero fue reasignado al Juzgado Cuarto de Distrito con el número 34435216, desde el 24 de enero pasado.

Al extesorero municipal se le responsabiliza en un primer proceso penal de supuestamente incurrir en el delito de uso ilícito de atribuciones, del cual se libró una primera orden de detención como parte de la carpeta administrativa 423/2023.

El mandamiento fue ordenado por un Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen.

Sierra Peña atajó la primera orden de captura con el amparo 32904606 del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Quintana Roo, del cual se otorgó la suspensión provisional (30 de junio) y la definitiva (12 de septiembre), aunque fue de manera condicionada al pago de una garantía económica de 22 mil pesos, cada una.

En este mismo juicio de garantías igualmente participa el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Municipales, Pedro Alfonso Nolasco Villanueva, a quien se le negó la suspensión definitiva por los mismos cargos, el 12 de septiembre de 2023.

La resolución en la cual se resolvería si se otorga o no el amparo ocurrió el 9 de enero pasado, pero todavía falta que se emita la sentencia del caso.

Eligio Sierra Peña fue uno de los personajes que plasmó su firma en un par de contratos por 647.8 millones de pesos (mdp) suscritos por la exalcaldesa Laura Fernández Piña.

Con los acuerdos citados se concesionaron servicios y obras municipales a un par de empresas supuestamente ligadas a su pareja sentimental, Carlos Alberto Moyano.

La concesión del alumbrado público se pactó con la empresa OFN Quintana Roo por 383 millones de pesos (mdp), mediante pagos mensuales de 1.59 mdp durante 20 años, con la garantía de pago del 25 por ciento de las participaciones federales del municipio.

La construcción y mantenimiento de un Centro de Atención a Ciudadanos se acordó en 264 millones 848 mil 279 pesos por el mismo plazo, con contraprestaciones mensuales de 1.4 mdp, y una garantía del 23 por ciento de los mismos recursos.