- La Legislatura local prepara más reformas para delitos considerados graves.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El diputado Hugo Alday Nieto indicó que, a través de la Comisión de Justicia, en el Congreso local se avanza en las reformas a los Códigos Penal y Civil del estado, y en lo que resta de este mes se espera dictaminar al menos 18 iniciativas.
Expresó que, como parte de este trabajo, a fin de aplicar sanciones adecuadas a delitos que puedan denominarse graves en el estado, junto con la Fiscalía, están armando un catálogo de infracciones para determinar la medida exacta de cada una.
“Lo que estamos buscando es la medida exacta de la pena, es decir la media exacta entre la menor y la mayor que tenga cada delito que pueda ser considerado grave en Quintana Roo.
“Por ello la Fiscalía nos va a aportar un estudio de las penas que tienen todos los delitos a los que puede considerar como graves al tiempo que podamos tener la redacción final del artículo”.
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Manifestó que pretenden que se apliquen sanciones adecuadas en conductas como extorsión, todos los delitos sexuales, las cuestiones de la desaparición de personas, robo que tengan agravantes, además de homicidios y feminicidios.
En ese sentido, el legislador del PT refirió que analizaron dos iniciativas para proteger a niños y adolescentes en el estado, una de ellas enfocada a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal local para abordar el trabajo infantil en las calles.
De ahí que se propone crear un padrón de menores en situación de calle que trabajen, aún si cuentan con padres o tutores y establecer medidas para prevenir que realicen actividades en espacios públicos, integrándolos a programas compensatorios.
En el ámbito legal, el diputado reiteró que la Comisión que encabeza aprobó aumentar las penas para quienes faciliten o induzcan a menores a realizar actos de explotación laboral.
Alday Nieto agregó que además quieren modificar la Ley de Adopción para eliminar la posibilidad de que menores casados o en concubinato puedan adoptar, estableciendo como requisito que la persona adoptante tenga al menos 18 años y 15 más que el menor a adoptar.
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