- Desde marzo del 2023, la Fiscalía ha expedido órdenes de protección contra políticos y sus familiares en medio de una serie de clausuras.
DANIEL REYES / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- La Suprema Corte de Justicia desechó cuatro controversias constitucionales con las que el Gobierno estatal pretendía revertir medidas de protección que la Fiscalía General de Justicia concedió a servidores públicos que presuntamente sufrían acoso del Estado.
Las resoluciones, emitidas por la Ministra Yasmín Núñez, establecen que la controversia no era la vía para impugnar las medidas adoptadas por la Fiscalía.
“(La) determinación emitida por la Fiscalía General del Estado de ninguna manera invade la esfera de competencia que tiene el Poder Ejecutivo”, refiere el resolutivo.
“Tienen la finalidad de brindar seguridad a la víctima, tanto en su persona, su familia, así como sus bienes”, añade.
“El recurrente pretende impugnar las medidas de protección (y) debe tomarse en cuenta que el conflicto entre las personas que solicitan las medidas y el actor en la controversia constitucional no podría ser la materia de este asunto”.
Los desechamientos no mencionan expresamente quiénes son las personas protegidas por la Fiscalía
Desde marzo del año pasado, la Fiscalía ha expedido órdenes de protección contra políticos y sus familiares en medio de una serie de clausuras, multas e inspecciones que dependencias estatales desataron en sus negocios o domicilios.
Durante el año pasado, políticos de Oposición en el Estado señalaban más de 300 acciones de acoso e intimidación por parte de la Administración estatal, supuestamente en represalia a las disputas políticas del Gobernador con Diputados y Alcaldes del PRI y el PAN.
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