Corren riesgo arrendatarios con nueva ley: Coparmex

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  • La Coparmex Quintana Roo se opone a la propuesta de reforma al artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coparmex de Quintana Roo expresó su rechazo a la propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles del estado, presentada en el Congreso local que busca extender de dos a tres meses el periodo de impago de renta antes de iniciar una demanda de desalojo.

Durante una rueda de prensa, Angélica Frías González, presidenta de la confederación empresarial, argumentó que, aunque la medida parece proteger a los arrendatarios, en realidad compromete sus intereses y favorece un ambiente propicio para el incumplimiento contractual, afectando de forma injusta a los propietarios.

Frías González ilustró la situación con el caso de los adultos mayores que dependen económicamente de estas rentas y no cuentan con una pensión, destacando la importancia de analizar cualquier cambio legal desde la perspectiva de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho.

A su vez la secretaria general de Coparmex, Jovita Portillo Navarro señaló que la propuesta, impulsada por el Partido Verde Ecologista el 21 de marzo, podría agudizar problemas existentes al incentivar a los inquilinos a prolongar su estancia sin cumplir con el pago.

Advirtió que esta situación representa un riesgo económico y legal para los propietarios, quienes enfrentarían periodos más extensos de incumplimiento y una posible disminución en la oferta de viviendas en alquiler.

“La implementación de esta reforma podría disuadir a los inversionistas, reduciendo la disponibilidad de vivienda de alquiler y elevando los costos, lo que impactaría directamente en la dinámica del mercado y en la economía local”, explicó Portillo Navarro.

Por lo mismo, la Coparmex instó a los legisladores a considerar las consecuencias de la reforma y a buscar un equilibrio que proteja los derechos e intereses de todas las partes.

Y abogó por establecer mesas de diálogo con todos los sectores afectados para alcanzar un consenso, destacando que los procedimientos judiciales actuales de desahucio ya son prolongados y complejos.

Aunque la ley vigente ofrece múltiples oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación, ambas representantes subrayaron que con esta reforma los más perjudicados serían los propietarios en un entorno de mercado ya desafiante.