- El Observatorio Legislativo presenta una denuncia de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo anunció la presentación de una denuncia por inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en respuesta a la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, específicamente contra el artículo 24, aprobado en diciembre de 2023 por el Congreso estatal.
Según el artículo impugnado, en las operaciones documentadas en escritura pública, los notarios públicos o fedatarios deben calcular y retener el impuesto correspondiente y declararlo ante el SATQ dentro de los 10 días siguientes a la firma de la escritura y se les solicita la presentación de un avalúo base de la operación inmobiliaria como requisito previo para su procedimiento.
También deben presentar un documento adicional que contenga el avalúo base de su operación ante el SATQ, a efecto de que sea validada por esta entidad; posteriormente, las autoridades registrales deben adjuntar ambos avalúos como requisito para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
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El Observatorio Legislativo argumenta que estas modificaciones legislativas postergan indebidamente las operaciones de compraventa, afectando el derecho humano a disponer de la propiedad privada.
Esta situación ha llevado a la presentación de aproximadamente una decena de amparos por parte de ciudadanos y organizaciones.
“Esta reforma entró en vigencia el 1 de abril del presente año, es decir, ya está en vigencia y este tema causó mucho escozor dentro del sector inmobiliario, porque ellos lo ven como que va a afectar las operaciones en la parte procesal, porque si voy a ir a hacer una operación me va a decir el notario: ‘permíteme porque tengo que pedirle al SATQ que me verifique si la operación que me estás diciendo va a costar ese precio, si es correcta o incorrecta’”, expresó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio.
En este sentido, indicó que las notarías en el estado llevan a cabo una cantidad importante de operaciones inmobiliarias de forma regular y considera que los verificadores del SATQ puedan tener la capacidad operativa para revisar todas estas operaciones, además de que se presume que SATQ no cuenta con las atribuciones para ejercer como verificadores en estos casos.
“Lo que definimos dentro del análisis que hicimos de la reforma es que, más que la operación, se pudieran retrasar o tener alguna complicación, se estaba afectando la libertad de las personas, el derecho humano de las personas y sobre todo el que esto es una afectación a la libre empresa, a la libre competencia que tiene nuestro sistema económico”, declaró.
La denuncia busca revertir estas disposiciones que, según el Observatorio, vulneran principios constitucionales y derechos fundamentales de los ciudadanos del estado de Quintana Roo, si bien hasta el momento la CNDH aún no ha emitido un pronunciamiento respecto a esta denuncia.
“Ahorita están los corriendo los 30 días hábiles que establece la Ley de Amparo para ampararnos. Está presentada esta solicitud de acción de inconstitucionalidad, que no sabemos si la Comisión va a hacer caso o no va a hacer caso, legalmente tendría que, pero bueno finalmente sabemos que a cómo están las cosas, las autoridades hacen cuando quieren no cuando deben, pero al margen de eso ya nos están trayendo a la mesa este ataque a nuestras libertades, un primer ataque de muchos que se vienen”, finalizó Gustavo Salas Rodríguez, asesor legal del Observatorio.
