Por KUKULKÁN
EN OTRO episodio de la tragicomedia política en el municipio de Othón P. Blanco, que parece sacada de una picaresca obra literaria donde la ironía y la sátira se mezclan con la corrupción y la impunidad, la alcaldesa con licencia Yensunni Martínez Hernández, protagoniza un acto que refleja una fascinante desfachatez legal. En lugar de respetar la ley, la aspirante a reelegirse en el cargo, pretendió desafiarla mediante el eterno recurso del amparo, tratando de esquivar una sanción económica por no cumplir con una orden judicial. Sí, la picaresca política local de aquí nomás mis chicharrones truenan.
EN ENERO de 2023, la justicia de Quintana Roo le recetó a la alcaldesa una multa de 100 UMA, unos 29 mil pesos, por su contumacia al desobedecer una sentencia judicial que, empecinada en no cumplir, nuestra diligente funcionaria corrió a refugiarse en los brazos de la justicia federal buscando amparo. Pero, ¿qué hay de nuevo en esto? El amparo, esa recurrida herramienta legal que se supone sirve para frenar los abusos de poder de la autoridad, pretendió ser utilizada por la munícipe como escudo para no reparar los daños causados a una particular.
SIN EMBARGO su juego del gato y el ratón con la justicia, no le salió. Previamente, Jorge Domínguez Urrea, su director de Obras Públicas, también había incurrido en desacato para no pagar una compensación ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo dentro de un juicio contencioso administrativo. La consecuencia fue una sanción de 300 mil pesos a pagar de su propio bolsillo. Quizás protegido por su superiora, Domínguez prefirió desafiar la resolución judicial, sin medir que provocaría una cascada de desacatos que culminaron con otra sanción para la alcaldesa.
LO MÁS sorprendente de esta intriga jurídica no es sólo la repetición del recurso de amparo, sino las argumentaciones pueriles ofrecidas por Martínez para evadir las multas. Con un cinismo que rozaría lo cómico si no fuese tan trágico, alegó que la multa “carecía de fundamentación y motivación legal” y que nadie debería ser obligado a lo imposible. Pero ¿qué tiene de imposible acatar una orden judicial? La justicia, al parecer, no comparte su punto de vista, ya que el Segundo Tribunal Colegiado desestimó sus argumentos como “genéricos y dogmáticos” el pasado 20 de abril.
AQUÍ es donde la ironía y la crítica mordaz entran en juego. ¿Cómo es posible que una funcionaria que busca reelegirse, en lugar de mostrar un ejemplo de integridad y responsabilidad, prefiera enredarse en una maraña de recursos legales para evadir su responsabilidad? La respuesta quizás la encontramos en la propia inercia de nuestra tradición política, donde el desacato parece ser el pan de cada día, y las sanciones, sólo una leve molestia en el camino de la reelección. La pregunta que queda flotando en el aire, más penetrante que cualquier sátira, es si los ciudadanos de Othón P. Blanco continuarán tolerando este desprecio por la justicia en sus líderes electos o si finalmente decidirán cortar el ciclo de impunidad.
