- Tras el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya, el Gobierno federal aceptó atraer algunos casos de aspirantes locales.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- A un mes de la elección del 2 de junio, 412 candidatas y candidatos han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) protección para realizar sus campañas electorales.
De ese número, informó la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, 169 son aspirantes a cargos locales, principalmente a Presidencias Municipales.
En la lista están candidatos de Morelos, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Baja California y Guerrero, principalmente.
“El protocolo de atención establecido en la Mesa de Seguridad fue modificado hace 20 días, en donde ya no tendrían que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo, sino inmediatamente otorgar la seguridad.
“Y después, en coordinación directa con las candidaturas, definen si se queda o se aumenta”, explicó.
Tras el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, el Gobierno federal aceptó atraer algunos casos de aspirantes locales, dependiendo de su situación de riesgo, pues antes las peticiones se canalizaban a los organismo electorales, y éstos las enviaban a los Gobierno estatales.
Ahora, militares o integrantes de la Guardia Nacional también podrán cuidarlos, dependiendo del riesgo que enfrenten.
DOCUMENTAN ACCIONES
De acuerdo con el quinto informe del INE sobre las mesas de seguridad entre las delegaciones del organismo y autoridades federales y locales en las 31 entidades, el 38 por ciento de sus reuniones se han enfocado en la protección a personal del Instituto y en candidatos locales.
“En diversas entidades se han realizado diagnósticos con base en el número de solicitudes de protección presentadas por las candidaturas, con objeto de utilizar dicha información como indicador de posibles riesgos en espacios focalizados”, indica.
Aquellas entidades que presentaron al INE protocolos específicos de seguridad son: Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Sonora.
En entidades como Chiapas y Zacatecas, se detalla, las acciones en seguridad están dirigidas a reforzar esfuerzos en secciones donde no se pudieron instalar casillas en el 2021.
En Morelos, se afirma, están en riesgo 88 casillas, pues los pueblos originarios “con autogobierno”, quiere darlas de baja, y en Michoacán otro tanto por la misma causa.
Luego de diversos incidentes de seguridad pública que han impedido el desarrollo de las actividades de los capacitadores electorales, en San Luis Potosí se pidió al Gobierno federal y estatal “establecer una estrategia especial de seguridad y blindaje para las actividades del proceso electoral”.
En Baja California, en el distrito 4, se solicitó apoyo por los riesgos para el personal del INE, así como en el municipio de Hidalgo, Coahuila, y de diversas comunidades en Chiapas.
En el documento se aclara que el Gobierno de Veracruz es la única entidad que no ha querido tener contacto con el INE para garantizar seguridad a las actividades del organismo y a los candidatos.
“Se ha realizado un esfuerzo por concretar la primera reunión a través de canales informales y aliados estratégicos, sin que hasta el momento haya respuesta por parte del Gobierno del Estado”, recrimina el Instituto.
Para la autoridad electoral, las protestas de policías en Campeche también representan un riesgo para el proceso.
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