Por KUKULKÁN
EN LA ENMARAÑADA selva de la política del municipio de Othón P. Blanco, un claro emergente parece delinearse con fuerza tenebrosa: el del ajusticiamiento fiscal. Parece ser que no es suficiente con tener pendientes adeudos que superan los 50 millones de pesos a proveedores cansados de esperar hasta por tres años, ahora también hay que enfrentar represalias por atreverse a reclamar lo debido.
DESDE la silla temporal del alcalde provisional, Héctor Pérez Rivero, parece que el despacho del tesorero, Miguel Cheluja Martínez, se ha convertido en una especie de tribunal donde se dictan condenas económicas en forma de litigios y embargos. Esto suena a represalia directa contra aquellos empresarios audaces que, en su desesperación, han iniciado procedimientos legales para reclamar pagos por productos y servicios ya entregados. ¿Justicia o venganza?
LO IRÓNICO de esta situación es la descarada invitación a ‘colaborar’ para la campaña de Yensunni Martínez Hernández quien busca reelegirse por otro trienio. Y los métodos de ‘convencimiento’ empleados por los subalternos de la alcaldesa con licencia van desde acercamientos subrepticios hasta demandas abiertas de aportaciones en efectivo o en especie. Este tradicional “pase de charola” de la política mexicana adquiere aquí un matiz particularmente oscuro.
ES MÁS, la colaboración forzada parece ser el único camino hacia la agilización de pagos para los proveedores cercanos al gobierno, quienes son condicionados a aportar todo tipo de apoyos, desde servicios de publicidad hasta personal para campañas políticas. ¿Es esta la nueva modalidad de financiamiento electoral? Los menos favorecidos en esta dinámica son aquellos cuyos pagos están más retrasados y que se ven obligados a contribuir con recursos significativos, como vehículos, bajo la promesa de una futura liquidación de deudas.
SOBRAN los testimonios de afiliados de cámaras industriales y comercio, quienes hablan de “desencuentros” con el gobierno municipal tras negarse a contribuir o de plano son condicionados al apoyo voluntario para que sus deudas pendientes queden liquidadas de forma eficaz. Los que se negaron, recibieron en respuesta el embargo de propiedades. Parece ser que el tesorero ha roto acuerdos previos que permitían a los empresarios solventar flexiblemente sus obligaciones fiscales, todo debido a esta presión por contribuir a la campaña proselitista.
LA SITUACIÓN se agrava al considerar que estos empresarios, además de enfrentarse a la negativa del ayuntamiento de saldar sus deudas, ahora deben lidiar con la amenaza de acciones legales en su contra. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿dónde queda la ética en la gestión municipal? ¿Es justo usar el poder para estrangular económicamente a quienes ya están siendo asfixiados por la falta de pagos? La realidad de estos empresarios es la de estar atrapados en un juego de poder donde las reglas cambian según el capricho de quienes manejan los hilos del dinero público.
SE APLICA literalmente la política de ‘o coopelas o cuello’, donde la alternativa al sometimiento es la ruina. Este método de operación no sólo es una traición a la confianza pública y a los principios de buena gobernanza, sino que también es un modelo insostenible que eventualmente llevará al descrédito total de aquellos que lo practican. El poder que se ejerce de manera tan despiadada es un arma de doble filo que tarde o temprano se volverá contra quienes lo empuñan.
ANTE tal situación, queda en manos de la sociedad civil y las instituciones de justicia intervenir y restablecer un equilibrio donde la ley y la ética prevalezcan sobre los intereses y las ambiciones desmedidas de las autoridades municipales. En esta tóxica danza de poder y dinero, los ciudadanos no deben ser meros espectadores, sino actores críticos y demandantes de un cambio genuino y justo a la hora de emitir su voto durante la próxima jornada electoral del domingo 2 de junio.
