Por KUKULKÁN
EN UN RINCÓN paradisíaco del Caribe mexicano, donde el azul turquesa del mar podría distraer al más perspicaz, se desenvuelve una trama que ni el mejor guionista de telenovelas podría soñar. Playa del Carmen, conocido por sus playas y fiestas, es también el escenario de un melodrama jurídico-político con todos los ingredientes de un thriller de negligencia y corrupción. Aquí, la desdichada colonia Luis Donaldo Colosio se encuentra atrapada en una guerra de poderes que podría ser el argumento principal de un episodio de “Black Mirror”, si tan sólo el surrealismo político mexicano no superara cualquier ficción.
MÁS ALLÁ de a quién le asiste la razón, en su bélico propósito el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han olvidado a los verdaderos afectados: más de 5 mil 500 familias que esperan, con una paciencia que roza lo sobrenatural, la regularización de sus terrenos y viviendas. Pero su anhelo de seguridad jurídica es objeto de otra batalla legal entre los accionistas privados de la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya y su socio el gobierno del estado, donde el objetivo de la primera ha sido el de entorpecer más que solucionar. El presidente prometió títulos de propiedad que para los afectados hoy simplemente son meras ilusiones en papel, sin importar quién es el responsable.
POR MÁS absurdo que parezca ante los ojos de la justicia, los González Whitt —responsables de retrasar a toda costa la entrega de los títulos de propiedad por lo que enfrentan un proceso penal— cuentan con toda protección de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado quienes recientemente ordenaron el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Así como lo escucha, estimado lector, mientras las familias de la Colosio llevan tres décadas luchando por la certeza jurídica de su patrimonio, los supuestos defraudadores manejan sus cuentas bancarias con total libertad y sin arrepentimiento alguno.
SIMPLEMENTE la justicia federal decidió que la carga para los accionistas privados de la empresa era demasiado pesada para llevarla a cabo sin unos cuantos pesos en el bolsillo. ¡Qué considerados! Claro, porque debe ser difícil lidiar con acusaciones de administración fraudulenta desde una posición económica comprometida. En cambio, los vecinos pobres de la colonia Colosio que desconocen todo lo relacionado con cuentas bancarias, deberán seguir luchando por su derecho a una vivienda digna y los servicios más elementales.
ESTA situación es un reflejo de la lentitud y la parcialidad con la que generalmente se mueve la justicia en nuestro país, pero también de la ironía de un sistema que parece diseñado para proteger a los poderosos, a los que tienen con qué comprar a jueces y magistrados, mientras ignora las necesidades de los más vulnerables. No es nada nuevo, simplemente un recordatorio de que en México, la justicia no sólo es ciega, sino también sorda y, lamentablemente, muy, muy corrupta.
QUE LA JUSTICIA se haga en los bueyes de mi compadre, reza el sabio proverbio mexicano que parece aplicado a esta cruel realidad donde los papeles y las decisiones judiciales vuelan alto, alzándose sobre los problemas reales como aves que nunca tocan tierra. Y mientras tanto, la sociedad observa, incrédula, el espectáculo, preguntándose si algún día la balanza de la justicia pesará más que el papel moneda. No queda más que seguir observando este absurdo jurídico, esperando el telón final, aunque este parezca no caer nunca.
