- La seguridad privada en México está atada de manos.
- BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La seguridad privada en México está atada de manos.
Gabriel Bernal, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que agrupa a 270 empresas del ramo, indica que el exceso de trámites federales, estatales y municipales limita el resguardo, por ejemplo, de mercancías que son trasladadas por distintas carreteras del País.
“Si se va custodiando a una unidad de carga desde la Ciudad de México y cruza al Edomex, la regulación cambia. La empresa de seguridad privada tendría que cambiar de patrulla para seguir al camión, obviamente no se hace, pero las mismas leyes nos ponen en aprietos, porque de no cumplirlas nos pueden detener (policías viales o la Guardia Nacional), y no es que hagan mal su trabajo, porque eso es lo que dice la ley”, dijo.
En entrevista con Grupo REFORMA, Bernal advierte sobre el disparo de cifras sobre robo a transporte, y precisa que en el País hay un promedio de 160 mil delitos al mes.
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“Si tuviéramos una ley más acorde, podríamos coadyuvar con la autoridad. Pero no podemos realizar bien nuestra labor porque no tenemos una ley general que nos ampare para poder trabajar en todo el territorio nacional”, indica.
“Con esto del offshoring nos están buscando muchas empresas, pero para poder trabajar debemos contar con más de 50 permisos, el exceso de trámites con los tres niveles de gobierno nos tiene ahorcados”.
Tras recordar que Ley de Seguridad Privada tiene más de 14 años de antigüedad, cuestiona que haya una ley federal y 31 leyes estatales distintas, y que obligan a las empresas de seguridad privada a tramitar más de 50 permisos para poder operar.
“La evolución de la tecnología y la sofisticación operativa del crimen organizado obligan a que se legisle en esta materia, a efecto de tener un sector mucho más ágil y coordinado con las autoridades”, plantea.
El 28 mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de seguridad privada dentro de un plazo de 180 días naturales.
Sin embargo, el último paso está archivado en el Senado.
“El Legislativo no nos ayuda a tener una ley general, que ya está ordenada porque fue reformado el artículo 73 constitucional para que exista una ley general en todo el País en la materia”, lamenta Bernal.
“En la AMESP hemos levantado la voz para que se tome en cuenta que, al tenernos ahorcados, no estamos a la vanguardia, sobre todo porque la ley se aprobó en la Cámara de Diputados lleva ya tres años congelada en el Senado”.
El también representante de la empresa Custodios Paprisa destacó que la AMESP cuenta con 435 mil empleados dados de alta en el IMSS, que ese conglomerado aporta el 1.8 del PIB y que en los últimos cinco años la seguridad privada ha crecido 25 por ciento en México.
“Si metemos a personal administrativo, choferes, tenemos dados de alta en diferentes secciones a unos 800 mil empleados. Seríamos la cuarta fuerza laboral del país. Eso ni los mismos legisladores lo saben, de ahí la importancia de promulgar una nueva ley que esté acorde a los tiempos”, expuso.
La AMESP organizará –del 15 al 18 de mayo– el Congreso Panamericano de Seguridad Privada con la finalidad, entre otras cosas, de revisar las regulaciones de otros países.
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