- La FGR inició la jornada de hoy con 176 denuncias por presuntos delitos, las cuales están siendo investigadas por ministerios públicos.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR) inició la jornada de hoy con 176 denuncias por presuntos delitos, las cuales están siendo investigadas por ministerios públicos, informó José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la FISEL.
Agregó, que desde el inicio del proceso electoral 2023-2024, de septiembre pasado a la fecha se recibieron 134 denuncias a través de la Ventanilla Única de Atención de la FISEL y de las Fiscalías Federales de la FGR, mientras que 42 fueron mediante los Sistemas de Atención Ciudadana FISETEL y FISENET.
Los delitos más comunes son credenciales falsas o informes falsos a autoridades electorales, la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales, y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
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Pero la violencia contra candidatos y otras personas involucradas en el proceso electoral no es parte de las atribuciones de la FISEL, que solo investiga faltas previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Ortiz Pinchetti, dijo que, para atender a los ciudadanos, alrededor de siete mil funcionarios públicos de la FGR profundizaron sus conocimientos en materia electoral, y desde el 27 de mayo personal de la FISEL se encuentra de manera estratégica en las sedes de las 32 Fiscalías Federales de la FGR, ubicadas en todo el País.
El despliegue en las elecciones de 2018 fue de 280 elementos de la entonces Fepade, apoyados por 14 mil 320 funcionarios de la PGR, entre agentes del Ministerio Público, policías Ministeriales, peritos y analistas.
Credenciales falsas, delito más frecuente
La mayoría de los delitos electorales no se cometen el día de los comicios, sino en los meses previos, y las investigaciones para castigarlos pueden tomar meses o años. La tendencia de los últimos años es a una reducción notable de los delitos electorales federales.
En enero de 2018, la entonces Fepade tenía 3 mil 900 carpetas de investigación y averiguaciones previas pendientes de resolver.
Al inicio de 2023, la FISEL ya solo tenía 733 carpetas de investigación abiertas -165, pendientes desde el periodo 2015-2018- de las que en 196 se llegó a una determinación durante el año, y de estas, solo 77 fueron judicializadas, es decir, se presentaron cargos ante un juez.
Una vez judicializados estos casos, en muchos de ellos no se localizó al imputado para citarlo a comparecer, o los jueces negaron las órdenes de aprehensión por no estar acreditado el delito, lo que llevó a que solo en 16 casos se dictó auto de vinculación a proceso.
Trece de estos casos fueron por credenciales de elector falsificadas o informes falsos al Registro Federal de Electores.
De las 279 carpetas iniciadas en 2023, solo una fue judicializada, 135 seguían en trámite al final del año, y el resto fueron resueltas como no ejercicio de la acción penal, incompetencias o acumulación con otros casos.
A lo largo de todo el proceso electoral de 2017-2018, la entonces Fepade recibió 3 mil 498 denuncias, de las que 2 mil 624 fueron canalizadas a fiscalías estatales por estar referidas a elecciones locales.
En la jornada electoral de ese año, el 1 de julio, Fepade atendió más de 15 mil llamadas y mensajes electrónicos, en contraste con los 4 mil 123 de la elección de 2012, y fueron detenidas 33 personas por posibles delitos, 22 de ellas en flagrancia.
Ortiz Pinchetti informó hoy que, hasta antes del inicio de la elección de hoy, la FISEL atendió 6 mil 808 “planteamientos” vía telefónica o por internet, de los que 5 mil 900 fueron orientaciones, 666 se enviaron a fiscalías estatales, y solo 42 calificaron como denuncias por posibles delitos federales.
La gran mayoría de las comunicaciones que la FISEL recibe el día de los comicios no son denuncias por posibles delitos. Históricamente, entre 85 y 90 por ciento de las llamadas y mensajes también son consultas o solicitudes de orientación de los ciudadanos.
También se observa una caída drástica en las denuncias contra servidores públicos por delitos electorales.
En el proceso de 2018 solo hubo 54, cuando el promedio de las tres elecciones federales previas había sido de 470.
Este tema ha sido uno de los más observados desde hace años por la FISEL, mediante estrategias que incluyen la vigilancia directa de los edificios de dependencias del gobierno.
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