- La sección ‘Jueces que favorecen a presuntos delincuentes’ se presenta los martes.
MARCO ANTONIO BARRERA
CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 27 magistrados, jueces y secretarios en funciones del Poder Judicial Federal, junto con la titular del Consejo de la Judicatura, la ministra Norma Piña, han sido exhibidos en el reporte “Cero Impunidad” durante los primeros cinco meses del año.
En la sección “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes” de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, señaló a juzgadores de inclinar la balanza a favor de personas procesadas.
Algunas resoluciones han beneficiado, por ejemplo, al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya; a los escoltas del exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; y al presunto líder criminal Héctor Luis “Güero” Palma, entre otros.
En los reportes del gobierno de México se señalan directamente a una ministra, 13 magistrados, un secretario en funciones de magistrado, 11 jueces federales y un juez encargado de despacho.
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El funcionario citó a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito radicado en la Ciudad de México, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco, de otorgar una suspensión definitiva para que se le concediera la prisión domiciliaria al autor de la verdad histórica del caso Ayotzinapa.
Los magistrados ordenaron a un Juez de Control del Reclusorio Sur celebrar una audiencia —en un plazo máximo de 24 horas— para sustituir la prisión preventiva justificada, al considerar que no existe riesgo de fuga, aunque se comisionó a la vigilancia del inmueble a una decena de integrantes de la Guardia Nacional.
En el mismo reporte, del 2 al 15 de abril pasado, se acusa al Juez de Tribunal del Juzgado Único de Oralidad de Materia Penal de la Tercera Región con sede en Celaya, Guanajuato, Jorge Quiroz Quintero, de dictar fallo absolutorio a favor de Fernando Emanuel “N”, por elementos probatorios insuficientes.
El acusado es identificado como el segundo de a bordo del cártel Santa Rosa de Lima, que enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa contra tres agentes y daños contra la Fiscalía estatal, aunque se aclaró que cumple condena por otra acusación.
En el avance del 20 de enero al 4 de marzo, se cita al magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en funciones de instructor, Juan Pedro Contreras Navarro, de dejar sin validez la prisión preventiva justificada decretada a Emilio Lozoya, por no estar presuntamente bien fundada.
Al exdirector general de Pemex se le concedieron las mismas medidas privativas de libertad impuestas en julio de 2020, mediante la colocación de un brazalete electrónico, la prohibición de abandonar el país y la presentación recurrente al juzgado, cuyas medidas fueron validadas por el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro.
En otro momento procesal, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña otorgó las suspensiones provisional y definitiva cuando Lozoya se amparó ante un Juez de Control del Reclusorio Norte que negó el cambio de la medida cautelar, en diciembre de 2023.
A este mismo personaje, se le concedieron otros privilegios procesales, como lo hizo el juez Gerardo Genaro Alarcón López que lo excluyó del pago de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados, que ya había hecho el empresario Alonso Ancira.
Igualmente, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la extinción de dominio de un inmueble valuado en más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita, y ordenó quitar el aseguramiento.
En otro avance, del 16 al 29 de mayo pasado, se señaló a la encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala, Guerrero, Cecilia Crokman Flores, de decretar la libertad por prescripción de la acción penal, a favor de Héctor Luis “Güero” Palma.
A este acusado se le responsabiliza del homicidio de nueve personas, pero la resolución impuso un plazo de tres horas para su liberación, el 17 de mayo pasado, aunque sigue preso por otra acusación.
En el mismo reporte, se citó a la ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y a la secretaria ejecutiva de Disciplina, magistrada María Gabriela Rolón Montaño, por desechar una queja administrativa contra la jueza de Distrito en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.
El caso tiene que ver con la desaparición del pepenador José Francisco “N” que fue detenido por escoltas del exgobernador Martín Orozco, en diciembre de 2018.
Para el subsecretario, la impartidora de justicia sostiene criterios parciales a favor de los cuatro presuntos responsables, que los podría absolver del delito de desaparición forzada.
En el avance del 16 al 29 de abril pasado, se menciona al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con sede en el Penal del Altiplano de Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal.
Al funcionario se le responsabiliza de dictar la no vinculación a proceso y ordenar la libertad del presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, Abraham “N”, de 71 años de edad, a quien se le detuvo en posesión de armas, cartuchos, cargadores y más de 2 mil pastillas de fentanilo y cocaína, el 21 de abril pasado.
En el avance del 9 al 19 de febrero, se nombra a la jueza Novena de Distrito de Sonora, Karina Almada Rábago, que ordenó la libertad, por falta de elementos para procesar, de un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El acusado enfrenta cargos de evitar impedir la introducción clandestina al país, de armas y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, el proceso conocido como “rápido y furioso”, aunque la persona sigue recluida por otros cargos en el Penal del Altiplano.
En el avance del 20 de enero al 4 de marzo, se menciona al juez Óscar Saul Cortés Ortiz de suspender una audiencia intermedia y modificar de manera unilateral la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra cuatro personas procesadas por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego en Tijuana, Baja California, en marzo de 2023.
La resolución de excarcelación fue acompañada de la renta de habitaciones de hotel y de un inmueble costeado por el defensor, aunque a los tres días se les regresó a prisión. Por este caso, al juez se le conoce en redes sociales como “el juez gran turismo”.
Otro caso relevante, informado en el avance del 5 al 18 de marzo, refiere a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Puebla, Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores que ordenaron la libertad de Javier “N”, acusado de feminicidio de su pareja sentimental, en mayo de 2022.
Igualmente, a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Distrito en Oaxaca, Jaime Alier Campuzano y Mario Alberto Gómez Retiz, además del secretario en funciones de magistrado Carlos Ernesto Ramírez Guzmán, de otorgar un amparo que dejó sin validez una sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra el exdiputado local Gustavo “N”, por el homicidio de una mujer y su hijo.
