Por KUKULKÁN
ENTRE los secretos que Yohanet Torres Muñoz se llevará en su negra conciencia ahora que concluya el periodo como diputada de la XVII Legislatura de Quintana Roo, será la revelación de cuál fue el destino que tuvieron los 836 millones de pesos que solicitó como deuda pública del estado durante el último tramo de la administración de Carlos Joaquín González, cuando ella fungió como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y se encargó directamente del manejo de esos recursos de los que no existe evidencia alguna de que se hayan invertido en obras públicas o en beneficios para los quintanarroenses.
LO DRAMÁTICO del caso es que el crédito fue solicitado al banco Santander a razón de una tasa de interés del 7.8 por ciento, muy alta para el histórico de deudas bancarias que se venía registrando en el gobierno del estado y que terminó impactando las arcas públicas. Para nadie es un secreto que por ese motivo, su ex jefe —ahora embajador de México en Canadá— negoció una curul plurinominal para que gozara de inmunidad y no fuera obligada a revelar su secreto.
EN SEPTIEMBRE entrante concluirá el periodo de Yohanet y con ello su fuero legislativo, con la agravante de que todavía puede ser auditada por los millones faltantes e inclusive llevada a proceso, a partir de la más reciente reforma que amplió de cinco a siete años la posibilidad de perseguir, aún después de dejar el cargo, a los funcionarios de la administración estatal que tuvieron a cargo el manejo de recursos públicos. Consciente de que guarda un secreto que la podría poner tras las rejas, ella misma ha preferido manejarse con bajo perfil y cooperar incondicionalmente con su voto como legisladora.
EN LA MEMORIA colectiva todavía permanece fresca la campaña publicitaria con que Yohanet pretendió persuadir a los quintanarroenses de que durante el gobierno de Carlos Joaquín la deuda estatal había disminuido considerablemente, aunque la realidad posterior demostró que sólo fue un engaño. Quizás ahora por eso no le queda más que crujir los dientes de rabia ante las buenas noticias que fluyen como cascada sobre una considerable disminución de la deuda pública en apenas dos años de gobierno de Mara Lezama Espinosa.
SEGÚN estados financieros actuales, la deuda estatal de Quintana Roo reporta una nueva disminución y se coloca en 21 mil 680 millones 900 mil pesos al primer trimestre de 2024, es decir 2 mil 111 millones 100 mil pesos con respecto a octubre de 2022 cuando Lezama asumió el cargo. Y en comparación con el primer trimestre de 2023, la deuda del estado también reportó una disminución, en este caso, del 5.7 por ciento o 216 millones 857 mil pesos.
LOS DATOS provienen del Reporte Trimestral sobre la Deuda de las Entidades Federativas y los Municipios, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y en ellos se revela que de una deuda que el gobierno de Mara recibió bajo “observación”, con indicadores de riesgo “medio” y “alto”, sin posibilidad de solicitar nuevos empréstitos, a la fecha se logró obtener una calificación crediticia BBB+ con semáforo verde “sostenible”. Además, de haber sido considerada como la entidad con mayor deuda per cápita, la evaluación actual la coloca en cuarto lugar en este indicador.
