- La pugna que mantiene el Gobernador Samuel García con el PRIAN podría costarle caro al erario a la hora de contratar los nuevos créditos.
ALEJANDRA MENDOZA / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- La pugna que mantiene el Gobernador Samuel García con el PRIAN podría costarle caro al erario a la hora de contratar los nuevos créditos que busca.
Y es que, si bien el Gobierno del Estado va por financiamientos de largo plazo por un total de 4 mil 680 millones de pesos, de no contar con la aprobación del Congreso local podría optar por contratar esos créditos a corto plazo, pero con una tasa de interés más alta, coincidieron expertos.
Esta nueva contratación, señalaron, podría alcanzar una tasa de interés anual ordinaria del 12 por ciento, muy por arriba de las tasas de financiamiento a largo plazo que consigue Nuevo León.
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Por ejemplo, un crédito a largo plazo que tiene Nuevo León es con Bancomer, con una tasa del 8.62 por ciento, al cierre del 2023.
La semana pasada, la Tesorería estatal lanzó dos licitaciones para pasivos a largo plazo: una por 900 millones y otra 3 mil 780 millones de pesos.
Según informó, ambos serían para inversión, aunque el monto total coincide con el monto oficial de los daños estimados de la tormenta “Alberto”, de 4 mil 810 millones.
No obstante, la contratación de pasivos de largo plazo por parte de la Administración del emecista requeriría aval del Congreso, con mayoría del PRI y del PAN, partidos con los que el Mandatario sostiene una pugna.
Además, luego de que se lanzó la primera licitación, por 900 millones de pesos, Diputados del PRI y del PAN recordaron que el Mandatario no envió el Presupuesto 2024, advirtiendo que la reconducción del correspondiente al del 2023, con el que opera el Estado, no permite una nueva contratación.
Señalaron que para el 2023 le avalaron un monto que ya estaba casi todo “etiquetado”, y que el Estado sólo podría contratar sin su aval el monto remanente, que ellos desconocen por la falta de informes.
Pero expertos aseguraron que el Gobierno estatal no requiere la aprobación del Congreso local para contratar financiamiento a corto plazo, que es a menos de 12 meses.
Guillermo Álvarez Queiro, director general y socio fundador Financiera Intego, mencionó que los financiamientos de largo plazo sí requieren de la autorización sobre todo para que tenga derecho a garantía de participaciones federales, mientras que los de corto plazo no requieren esa garantía.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la deuda neta de corto plazo de Nuevo León, que en su metodología incluye a sus organismos, proveedores, contratistas y obligaciones financieras, se ubicó en 4 mil 262.6 millones de pesos al primer trimestre de este año.
Eso significa que, en caso de concretar los dos nuevos créditos, el monto se iría a más del doble: a 8 mil 942.6 millones de pesos.
Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que la entidad tiene comprometido en garantías por créditos ya el 80.2 por ciento de sus participaciones federales.
Carlos González Barragán, profesor e investigador en finanzas públicas del Tec de Monterrey y la UDEM, señaló que lo más deseable es que se encuentre una solución por el bien del Estado, es decir, en la relación entre el Gobierno y el Congreso.
Un asesor en temas de deuda pública a estados y municipios, que solicitó el anonimato, comentó, que el recurrir a deuda corto plazo (sobre todo para el fin para que se ocuparía) es similar al “querer pagar una casa con una tarjeta de crédito”, sobre todo por el tiempo corto en que tiene que pagar ese financiamiento.
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