- En la Alcaldía Benito Juárez han hecho caso omiso a la orden de abrir información relacionada con el agua.
ALEJANDRO LEÓN / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que un juez otorgó una suspensión definitiva para que los gobiernos de la CDMX y federal abran información relacionada con el agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez, autoridades han esquivado hacerlo.
Tras un juicio de amparo que iniciaron vecinos de la demarcación, un Juez de Distrito ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dar cumplimiento a la resolución.
En respuesta, la dependencia señaló que no tiene la facultad para analizar el agua, pero achacó la responsabilidad a las entidades federativas y municipios.
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“No se encuentra dentro de las facultades de esta Procuraduría realizar inspecciones en materia de agua potable por las razones expuestas anteriormente, sino únicamente tiene la facultad para llevar a cabo actos de inspección en materia de descarga de aguas residuales”, argumentó la Procuraduría al juzgado.
Además, aseguró que el 6 de junio personal de la Profepa acudió al pozo Alfonso XIII, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde presuntamente es la fuente contaminante.
Detalló que la visita tenía el propósito de realizar una inspección que sí es de su competencia, sobre prevención, control y remediación de la contaminación del suelo.
Sin embargo, el pozo estaba asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, razón por la que justificó que no pudo realizar la revisión.
“Al continuar con la visita de inspección se estaría violentando el procedimiento administrativo, por lo que se procedió al cierre del acta”, informó la Procuraduría.
Mientras tanto, el Sistema de Aguas local (Sacmex) contestó el 4 de julio al Juzgado Cuarto en Materia Administrativa que es infundado que haya sido omiso en el amparo, pues aseveró que se han ejecutado de manera oportuna acciones y apoyos por parte del Gobierno capitalino.
Enfatizó en que, tras revisar el pozo Alfonso XIII, encontró contaminantes y procedió a su clausura, por lo que ya no suministra de agua a la población.
También remarcó que levantó mil 300 muestras del líquido de tomas domiciliarias, aunque no abrió los resultados.
Franco Lammoglia, vecino de la Alcaldía y abogado que inició el juicio, recordó que un Tribunal Colegiado determinó que las autoridades demandadas han incumplido la sentencia.
Por lo que el Colegiado dio un plazo para dar cumplimiento, lo cual esperan que se materialice en los próximos días.
Resaltó que buscan tener acceso a los resultados de 4 mil 200 pruebas del agua que el Gobierno capitalino aseguró a vecinos que realizó.
“Lo que más me preocupa es que ni siquiera la tengan (la información), ante la poca responsabilidad o ante el nulo compromiso que tienen con la población, que en realidad hayan realizado las pruebas, porque no las están produciendo”, indicó Lammoglia en entrevista.
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