- El gobernador electo anuncio en un documento la creación de “un grupo táctico especial integrado por profesionales en la seguridad”.
MAYOLO LÓPEZ / AGENCIA REFORMA
TUXTLA GUTIÉRREZ.- En Chiapas los gobiernos no han podido contener las disputas territoriales de los cárteles del narco, advierte el Gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar.
Ante la alerta por la permanencia en territorio guatemalteco de unos 600 chiapanecos que durante los últimos meses que se vieron forzados a huir de sus casas por la violencia generada por el crimen organizado, el próximo gobernador -conocido entre la clase política como El Jaguar-, expuso parte del Plan Chiapas, para tratar de combatir este flagelo.
El Plan Chiapas Transformador 2024, elaborado por el próximo mandatario chiapaneco y su equipo, reconoce la gravedad de los desplazamientos forzados que se han vivido recientemente, afectando a miles de indígenas.
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“Organizaciones campesinas, de derechos humanos y grupos religiosos han alertado sobre este grave problema de inseguridad y violencia en el estado de Chiapas, de cara a un contexto complejo donde el crimen organizado y los grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico; actúan contra la población civil”, se lee en el documento.
“Lo anterior es un reflejo de las limitaciones de la política pública en materia de seguridad, la cual no ha podido contener las crecientes disputas territoriales entre cárteles, sobre todo en municipios de Los Altos y en las regiones fronterizas, a los cuales se suman, para el caso de estas últimas (la frontera) otros grupos delictivos”.
Ante esta realidad no descartó buscar el apoyo de los grupos de autodefensa regional, siempre y cuando se acaten a las disposiciones acordadas y haya respeto de los derechos humanos de acuerdo con las condiciones de cada región.
El documento cita indicadores de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) para referir que, entre 2016 y 2020, Chiapas fue la segunda entidad a nivel nacional con el mayor número de desplazamientos internos forzados.
“Desafortunadamente esta situación solamente ha empeorado. De acuerdo con la misma CMDPDH, durante 2021 comunidades indígenas de Chiapas sufrieron nueve episodios de desplazamiento forzado interno, resultando en un total de 7 mil 117 personas indígenas desplazadas, lo que representa casi el 25 por ciento de toda la población desplazada a nivel nacional y 87 por ciento del total de la población indígena desplazada en el país”.
El Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR, según el documento, registró que de 1994 a 2020 en Chiapas se habían contabilizado 37 eventos de desplazamiento forzado interno, afectando la vida de unas 115 mil personas.
“A esta cifra se suma el desplazamiento de 3 mil 205 indígenas tsotsiles que en 2021 abandonaron sus hogares para buscar refugio ante la violencia de la región; sin soslayar que existen 120 personas desplazadas integrantes de la organización civil pacifista Las Abejas de Acteal, que aún se encuentran refugiadas ante el riesgo de un ataque armado”.
Según el documento “el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos que genera múltiples violaciones a otros derechos como la vida, la dignidad, la igualdad, la propiedad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la libre circulación, el nivel de vida, la seguridad, la integridad personal y el acceso a un recurso efectivo.”
Con base en indicadores del último Censo de Población y Vivienda, que cita el Plan Chiapas, se tiene el registro de conflictos sociales en más de 2 mil 500 comunidades, “afectando de forma directa a las casi 900 mil personas que habitan en ellas”.
En el apartado de propuestas para combatir el crimen, “El Jaguar” anuncia en el documento la creación de “un grupo táctico especial integrado por profesionales en la seguridad; con destreza y habilidad para el uso responsable de las armas de fuego y con una buena preparación en defensa personal y protocolos de uso de fuerza y derechos humanos.
“Este grupo lo coordinará el Secretario de Seguridad Pública con suficientes elementos y sin escatimar recursos para dotarlos de equipamiento y protección de primera calidad”, promete el próximo gobernador.
Ramírez Aguilar aseguró que en su gobierno “avalará y respaldará las iniciativas de seguridad ciudadana de carácter colectivo (policía y justicia comunitarias e indígenas) que, garantizando el respeto a los derechos humanos, busquen resolver los conflictos de la tierra y defender sus territorios ante la amenaza del crimen organizado”.
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