Por KUKULKÁN
LA MAÑANERA de este miércoles 14 de agosto será recordado como el día en que el Gobierno mexicano desenmascaró la red de complicidad entre la embajada de Estado Unidos, fuertes grupos empresariales y el bloque conservador del país para tejer cautelosamente toda una red de financiamiento para desprestigiar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la campaña mediática que, sin éxito, difundió a través de redes sociales el hashtag #NarcoPresidente que en su mejor momento superó la tendencia de 170 millones de vistas, más de la mitad provenientes de Argentina, Colombia y Holanda.
AUNQUE los resultados electorales obtenidos por la candidata conservadora Xóchitl Gálvez echaron abajo todas las pretensiones de la derecha de arrebatarle el poder a la Cuarta Transformación, las calumnias se han reactivado en el espacio cibernético junto con la narrativa de que México sigue los pasos de Venezuela, con miras a presionar al vecino del norte a endurecer sus estrategias para impedirlo. Buscan generar ingobernabilidad interna, alentar el establecimiento de un bloqueo comercial, para justificar el intervencionismo armado y un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, distante de los intereses de la oligarquía americana.
SIEMPRE se ha tenido claro que la cabeza de esta conspiración es el empresario Claudio Xavier González Guajardo a través de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción”, supuestamente sin fines de lucro pero que entre 2015 y 2023 recaudó 502 millones 588 mil 208 pesos para tales fines aviesos. De esta suma, más de 86 millones provinieron directamente de la Embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), evidencia que motivó a López Obrador a exigir una explicación al gobierno de su homólogo, Joe Biden.
LAS HUELLAS de las operaciones hacendarias de la asociación civil conducen a cuentas bancarias de una élite de empresarios y corporativos mexicanos donadores del resto de los recursos que a su vez se obtuvieron bajo el esquema de “deducción de impuestos por donativo”, que es dinero que no llega a la hacienda pública y que deben utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, no con propósitos facciosos. En esta bolsa, se incluyen las aportaciones de fundaciones estadounidenses como The Ford Foundation, John and Catherine T Macarthur Foundation e International Community Foundation, entre las principales, que suman 13 millones 017 mil 951 pesos entre 2017 y 2023.
TODAS estas evidencias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, incrementan las sospechas sobre la motivación detrás de estos apoyos financieros y marcan un punto de inflexión en la relación bilateral, al poner en evidencia la influencia extranjera en los asuntos internos del país. El escándalo obliga a reflexionar sobre las implicaciones de tales injerencias en la estabilidad política nacional y refuerza la necesidad de que el gobierno mexicano fortalezca los mecanismos de control sobre las asociaciones civiles que reciben recursos extranjeros. Además, subraya la importancia de revisar el marco legal que regula las deducciones fiscales, asegurando que los fondos se destinen al desarrollo del país y no a promover agendas políticas que vulneren la democracia y el orden constitucional.
