Encara García Luna veredicto final

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Encara García Luna veredicto final
  • Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, comparecerá hoy ante un tribunal en esta ciudad para conocer su condena.
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), comparecerá hoy ante un tribunal en esta ciudad para conocer su condena por delitos de narcotráfico en la que arriesga cadena perpetua -como pide la Fiscalía- o a 20 años de cárcel, como sugiere su defensa.

El ex funcionario mexicano de mayor rango en enfrentar la justicia estadounidense acudirá ante el juez Brian Cogan en el Tribunal Federal Este en Brooklyn para conocer su sentencia, varias veces aplazada tras ser declarado culpable de cinco delitos por un jurado popular, en febrero de 2023.

Entre los delitos está el tráfico internacional de cocaína, al proteger al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que purga cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con la agencia AFP.

García Luna “explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir”, adujo la Fiscalía, que considera “difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado”.

Desde que fue capturado en diciembre de 2019, García Luna ha estado internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, por donde pasaron personajes como el ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.

Algunos de sus compañeros de reclusión han escrito al juez Cogan para pedir clemencia o magnanimidad con García Luna después de ayudarlos a preparar el certificado de estudios secundarios.

“Es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, siempre saca su tiempo para aconsejarnos y motivarnos para cuando salgamos de esta situación (y) poder integrarnos en la sociedad”, señaló uno de los reclusos.

Las cartas escritas por presos y familiares en favor de este ingeniero mecánico de 56 años puede que no tengan demasiada influencia en el juez Cogan, que condenó a cadena perpetua al “Chapo” Guzmán en 2019 y en cuyo juicio surgió el nombre de García Luna, que en 2013 la revista Forbes lo incluyó en la lista de los “10 mexicanos más corruptos”.

A Cogan también le tocó el expediente de Ismael “El Mayo” Zambada -cofundador del Cártel de Sinaloa junto con “El Chapo” en los años 80-, y que fue detenido el 25 de julio en Nuevo México tras aterrizar en un pequeño avión en compañía de uno de “Los Chapitos”.

CASOS PENDIENTES

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) originalmente consiguió que la justicia federal girara cuatro órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, de las cuales están vigentes tres.

La más reciente es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en la que le imputan presuntos desvíos de 5 mil 112 millones de pesos del sistema penitenciario federal, en la época en la que era titular de la SSP.

En este asunto, se ordenaron también las capturas de la esposa, su hermana y un sobrino, así como de los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, socios y antes proveedores de la SSP durante la gestión.

Contra el ex funcionario también se instruyó la captura por el caso conocido como “Rápido y Furioso”, la operación encubierta que llevó a cabo Estados Unidos entre 2007 y 2011 para contrabandear armas a México con artefactos de localización, con el propósito de geolocalizar narcotraficantes.

En este expediente, la captura fue librada por el delito de omisión de impedir la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército.

La tercera orden de aprehensión vigente es por el supuesto pago de un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de 8 prisiones concesionadas al sector privado en Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.

Los contratos fueron suscritos en 2010 y 2011 con las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos.

En este asunto se le atribuyen los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.

El único asunto que García Luna ha litigado en México consiguió ganarlo en los tribunales.

En octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de esta ciudad negó en definitiva a la FGR girar la orden de aprehensión en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de poco más de 27 millones de pesos.

Lo que hicieron los magistrados del tribunal fue confirmar la negativa del Juez de control Gerardo Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien estimó que la imputación de la Fiscalía carecía de elementos.

A raíz de ese fallo, la FGR inició una investigación contra Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrados del tribunal, porque estimó que su resolución era ilegal.

En este asunto la justicia federal consideró que la imputación era endeble contra García Luna. En otros dos de los expedientes vigentes en su contra, los juzgadores se han pronunciado de la misma manera, aunque en favor de sus coimputados.

En el caso de “Rápido y Furioso”, los tribunales ya cancelaron por falta de elementos los procesos contra Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas, quienes fueran mandos de la Policía Federal, adscrita a la entonces SSP de García Luna.

Y en el asunto de las concesiones de los penales, un tribunal también anuló el proceso en forma definitiva contra 16 mandos y ex funcionarios, al estimar que los delitos ya estaban prescritos y, por tanto, los ex funcionarios ya no podían ser perseguidos.

Los delitos que ya no pueden ser objeto de sanción son los mismos que se atribuyen el ex titular de la SSP.

En caso de que el ex secretario sea enviado a México en una extradición diferida, no necesariamente tendrá la misma suerte que sus coimputados, porque es probable que ya no resuelvan su situación jurídica los mismos jueces y magistrados, con motivo de la reforma judicial.

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