Por KUKULKÁN
Avanza elección judicial a pesar de berrinches, boicots y golpes de escritorio
EN MÉXICO, donde el surrealismo es tradición y los intereses políticos bailan al son de la impunidad, la reforma judicial de la 4T sigue avanzando, aunque le tiren con todo, desde amparos hasta intentos de “golpe de estado constitucional”. Porque, claro, cuando no puedes ganar en la cancha, intentas tumbar el estadio.
PRIMERO fue el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por la ministra Norma Piña, el que quiso echar abajo lo que ya está escrito en piedra: la Constitución reformada que ahora nos permitirá elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. ¿Cómo? Pues tratando de mutilar la Carta Magna en un acto que más bien parecía un show de magia jurídica: abracadabra, que desaparezca la reforma. El problema es que ni con todo el poder de los malabares lograron convencer a sus propios colegas.
AQUÍ HAY que decirlo claro: los ministros de la SCJN no tienen facultades para revertir reformas constitucionales. Ellos lo saben, pero eso no los detuvo. Optaron entonces por un plan B igual de ingenioso que detener el agua con las manos: suspensiones jurídicas que buscaban congelar el proceso electoral. Pero, ¡oh sorpresa!, llegó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para recordarle a la Suprema Corte que, en materia electoral, su autoridad es la última palabra. Adiós a la maniobra, frustración incluida.
EL RELOJ corre y los aspirantes también porque el próximo domingo 24 de noviembre vence el plazo para el registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, y el gobierno de la 4T se muestra optimista. Confían en que se logrará reunir un número suficiente de hombres y mujeres para llenar las listas, mientras que la oposición sigue rezando a cualquier santo disponible para que este proceso electoral no se lleve a cabo.
PERO como no basta con rezar, han desplegado una campaña de acoso contra los actuales jueces y magistrados. ¿La estrategia? Convencerlos de que no participen en el proceso, aunque tienen pase directo como candidatos. ¿Por qué? Porque si algo teme la oposición es la legitimación popular. Para ellos, un juez electo por los ciudadanos es más peligroso que una sentencia firme.
MIENTRAS tanto, el oficialismo sonríe con la seguridad de que, aunque los intentos de sabotaje sigan llegando en cascada, la reforma judicial avanza con la fuerza de un tren que no entiende de frenazos. ¿Crisis constitucional o pataleta? El berrinche ha llegado a niveles que rayan en lo ridículo. Hablar hasta de “golpe de estado constitucional” parece más una telenovela mal escrita que un argumento serio para los opositores. En estos tiempos de polarización, cualquier cosa sirve para hacer ruido, aunque los hechos digan lo contrario.
EL PANORAMA es claro: el proceso electoral está en marcha, la Constitución está de su lado, y los plazos no se detienen. Eso no impide que la oposición siga apostando a que algo, lo que sea, descarrile este tren. Pero hasta ahora, lo único que han logrado es exhibir su propia desesperación. Lo que está en juego no es cualquier cosa.
LA REFORMA judicial representa un cambio de paradigma que podría romper con décadas de opacidad, nepotismo y tráfico de influencias en el Poder Judicial.
PARA muchos, es una amenaza directa a la “casa club” donde unos pocos deciden por todos, sin rendir cuentas. El hecho de que ahora los ciudadanos puedan elegir a quienes imparten justicia, con la promesa de que serán observados de cerca y evaluados, es un golpe directo a la vieja guardia. No es de extrañar que quienes se han beneficiado de ese sistema estén haciendo todo lo posible por detener el avance, aunque con todo y la resistencia, la reforma sigue su curso. Parecía una misión imposible y se está convirtiendo en realidad. El reloj avanza, los aspirantes se registran, y la elección de junio próximo promete ser un evento histórico. Seguro no faltarán las lágrimas, los amparos de último minuto y los gritos en los pasillos del poder.
