Zósimo Camacho
Desde el 14 de marzo pasado están denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) integrantes de la cúpula del Tribunal Superior Agrario (TSA) y magistrados de circuito. Lo anterior, por supuestamente emitir fallos que favorecen a empresarios del sector inmobiliario, turístico y financiero para despojar cientos de hectáreas del ejido San Nicolás de los Garza.
Las tierras, al norte de la ciudad de Monterrey, capital del Nuevo León, se han convertido en objeto de codicia y especulación. Se encuentran en una zona de franca expansión urbana, contenida por los ejidatarios hasta con sus propios cuerpos.
En 1936, el general Lázaro Cárdenas dotó al ejido San Nicolás de los Garza con 2 mil 340 hectáreas. Desde entonces, 222 hectáreas –equivalentes a 300 canchas de fútbol– quedaron en el limbo. Fue el inicio de un despojo sistemático, donde jueces, funcionarios y empresarios convirtieron terrenos ejidales en botín del llamado “Cártel agrario-inmobiliario”. Hoy, tras 86 años de resistencia, los ejidatarios recuperaron parte de lo suyo y, al mismo tiempo, desnudaron una red de corrupción que opera desde los tribunales.
Para 2013, el ejido –integrado por 180 campesinos– demandó la restitución de sus tierras. Ganó en primera instancia, pero entonces apareció el brazo judicial del despojo: magistrados que emiten resoluciones a la carta, en sentido contrario a lo que señalan la Constitución y las leyes, según la propia denuncia.
Y es que Claudia Dinorah Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario, y sus colegas Alberto Pérez Gasca, Maribel Méndez de Lara –cercana al diputado federal Ricardo Monreal– y Carmen Laura López Almaraz anularon el fallo inicial, ignorando pruebas contundentes como las constancias documentales expedidas por las propias autoridades agrarias.
Jorge Meza Pérez, Juan Carlos Amaya Gallardo y Miguel Ángel Cantú, del Tercer Tribunal Colegiado, avalaron resoluciones absurdas, como justificar la pérdida del expediente durante un año completo.
En las tácticas de guerra sucia judicial destacan sentencias contrarias a actas oficiales; dilaciones premeditadas para cansar a los ejidatarios, y vinculación con funcionarios de otros poderes y con integrantes del sector empresarial inmobiliario interesado en ocupar las tierras.
¿Por qué tanta saña contra un ejido? La respuesta está en el valor estratosférico de esas tierras. Hoy resultan con una ubicación clave: conurbadas al norte de Monterrey, son el último gran terreno disponible para expandir la ciudad con proyectos millonarios.
La poderosa banca privada, constructoras y el gobierno estatal codician los terrenos y las aguas del ejido para desarrollar conjuntos habitacionales de lujo, centros comerciales y hoteles (en una zona con crisis hídrica).
Mientras, el gobierno de Nuevo León facilitó agresiones, con presiones legales y desalojos encubiertos; favoreció a desarrolladores con cambios de uso de suelo, e ignoró la violencia jurídica contra el ejido, que ha defendido sus tierras con movilizaciones y recursos judiciales.
El día primero de abril de 2025, el ejido logró que se iniciara la ejecución para la entrega de las 222 hectáreas. Pero la victoria viene con advertencias. Las tierras siguen en riesgo: aunque están en breña (sin urbanizar), ya hay avances de invasiones y proyectos clandestinos y los magistrados denunciados siguen imponiendo de manera preponderante sus criterios en los asuntos de tenencia de la tierra. De hecho, Méndez de Lara lleva 12 años conociendo de casos y participando en sentencias agrarias, desde su paso por Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
Con la denuncia en la FGR, los ejidatarios esperan que se investigue y procese a los funcionarios que pudieron incurrir en prevaricato, en la modalidad de dictar sentencias a sabiendas injustas, contra las constancias que obran en actas públicas. También, que se investigue los flujos de dinero entre inmobiliarias y jueces y se proteja las tierras restituidas de nuevos intentos de despojo.
El caso del Ejido San Nicolás de los Garza no es un conflicto agrario más: es el manual de cómo los tribunales agrarios y el Poder Judicial se ponen al servicio del capital. Detrás de las togas y los expedientes perdidos, hay un mapa dibujado por empresarios y funcionarios corruptos que ven proyectos inmobiliarios, no derechos agrarios.
