- Impulsan senadores la Ley Cero Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca borrar la ambigüedad de términos como ‘pornografía infantil’ que privilegia la prueba –el video– no a la víctima.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En un salón del Senado de la República, las voces de expertos y legisladores resonaron con una misma urgencia: la ley mexicana necesita un lenguaje que nombre con precisión el horror del ciberacoso sexual infantil. Porque llamarlo “pornografía infantil” ya no basta, es ambiguo, es eufemismo. Es, en palabras llanas, minimizar la violencia sistemática que acecha a menores desde la pantalla de un dispositivo.
Simey Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, encabezó el foro “México contra el ciberacoso sexual a niñas, niños y adolescentes”, en donde no solo se reconoció la gravedad del fenómeno, sino también la insuficiencia del marco jurídico actual. Con contundencia, se denunció que Internet, lejos de ser solo una herramienta de conexión y educación, se ha convertido en un espacio de violencia disfrazada de anonimato y sofisticación tecnológica.
En un contexto en que la inteligencia artificial ya es parte del engranaje para generar y distribuir contenido de abuso, términos como “pornografía infantil” resultan inaceptables. Ese concepto, repetido en legislaciones, medios y sentencias, pone el foco en el producto —la imagen, el video— pero no en la víctima ni en el crimen. Olvera Bautista impulsa, por ello, la Ley Cero Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta que busca borrar la ambigüedad y nombrar el acto por lo que es: abuso, violencia, delito.
El ciberacoso sexual infantil no es nuevo, pero ha mutado. Ya no se manifiesta solo en foros oscuros o salas de chat clandestinas. Ahora, llega a través de redes sociales, videojuegos y aplicaciones educativas. La trampa digital se viste de inocencia. La magistrada Rebeca Aladro, con cifras del INEGI en mano, reveló que al menos 19.4 millones de usuarios de Internet mayores de 12 años han sido víctimas de algún tipo de ciberacoso.
Pero la ley no alcanza. Aún no distingue con claridad entre violencia digital y ciberacoso sexual infantil. No exige a los agresores someterse a tratamientos psicológicos. No responsabiliza con suficiente fuerza a las plataformas tecnológicas. Y, lo más grave, sigue usando una terminología que, lejos de escandalizar, normaliza.
Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fue directa: hace falta establecer la intencionalidad del delito, no solo sancionar el resultado. “El Estado debe dar una respuesta puntual”, dijo, para garantizar una navegación segura y responsable.
Mientras tanto, en las casas mexicanas, el primer punto de contacto con esta violencia no es el Senado, ni la escuela, ni siquiera la policía. Es un celular. Un niño inquieto, un padre cansado, un dispositivo encendido. Así lo expresó Ricardo Enrique Arvizu, director del DIF Hidalgo: “El problema comienza cuando usamos la tecnología como niñera”.
Las palabras importan. Decir “pornografía infantil” implica que hay un consumo que podría ser legítimo, una categoría de contenido. Decir “material de abuso sexual” devuelve el foco a la víctima, a la violencia, al crimen. Por eso la legislación debe actualizarse no solo en sus penas, sino en su lenguaje.
Nombrar correctamente los actos antisociales es el primer paso para castigar con justicia. Y también para prevenir. Lo que no se nombra bien, no se entiende. Lo que no se entiende, no se combate. Y en esa ambigüedad lingüística, los agresores siguen operando y las víctimas, en silencio, siguen cayendo.
