- La justicia federal declaró como prófugo de la justicia a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de club de fútbol Santos Laguna.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia federal declaró como prófugo de la justicia a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de club de fútbol Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener al empresario.
Karla Cecilia Marín, asistente de Constancias y Registros del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, lo declaró prófugo de la justicia, debido a que el pasado 24 de marzo el empresario no se presentó a una audiencia. Enseguida, se giró la orden de captura.
El directivo santista originalmente compareció el 20 de marzo por videoconferencia, pero en esa audiencia el juez de control decidió que la diligencia se realizaría en forma presencial y citó al empresario para el día 24.
“Se hace constar que a la audiencia señalada para las 10:00 horas, no compareció el imputado… a pesar de que fue debidamente citado. Es importante señalar que el investigado presentó un escrito con el que pretendió justificar su inasistencia; sin embargo, los motivos expuestos no se consideraron razones válidas para desatender el mandato judicial de presentarse oportunamente a la audiencia inicial”, dice el acuerdo suscrito por Marín.
“Por esa razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró al imputado sustraído a la acción de la justicia, al haber desatendido una citación judicial sin causa justificada”.
Irarragorri es el primer directivo de un club de fútbol de Primera División en ser perseguido por la justicia, en más de una década.
Según la norma vigente, la defraudación fiscal no es un delito que amerite prisión preventiva en automático, en caso de que la persona sea vinculada a proceso.
Sin embargo, la FGR suele pedir la prisión preventiva justificada en este tipo de delitos, cuando el acusado no comparece ante la autoridad judicial y se sustrae de la justicia fuera del país, porque estima que esos antecedentes configuran el riesgo de darse a la fuga.
La imposición de la medida cautelar, sin embargo, es objeto de debate entre las partes, antes de que el juez dicte su determinación.
El presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas fue señalado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de incurrir en supuestos engaños para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores, de enero a julio de 2017.
La FGR abrió el caso penal contra el empresario, quien en octubre pasado ya cedió la presidencia del Club Santos a su hijo Alejandro Irarragorri Kalb, de sólo 24 años.
La acusación contra Irarragorri tiene su origen en un pago de 54.2 millones de pesos que el Club Santos hizo desde un fideicomiso a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, por primas indemnizatorias de riesgo de trabajo.
Los pagos fueron a directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
Debido a que este tipo de indemnizaciones están exentas de pago de impuestos, la PFF denunció que se trataba de una maquinación de los directivos para no retener el ISR de los depósitos.
Sostiene lo anterior porque la directiva del club usó un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera para realizar los pagos.
Cuestionan decisión
La orden de captura contra Alejandro Irarragorri fue girada contra todas las formalidades legales y luego de que el pasado 24 de marzo un juez de control de Coahuila suspendiera injustificadamente la audiencia, dijo su defensa.
Consultado por REFORMA, uno de los abogados del dueño del Club Santos indicó que ya ha sido presentada una demanda de amparo contra la orden de captura.
“Él mostró su interés en comparecer y compareció el 20 de marzo. Fue convocado a una segunda audiencia y se suspendió injustificadamente, no se cumplió con las formalidades. No obstante, se le declaró sustraído de la acción de la justicia”, indicó.
