- En Guerrero, las niñas tienen precio y las compran a partir de los nueve años por montos que oscilan entre los 40 mil y 200 mil pesos.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En Guerrero, las niñas tienen precio y las compran a partir de los nueve años por montos que oscilan entre los 40 mil y 200 mil pesos.
A pesar de los trabajos de concientización y estrategias gubernamentales, esa práctica, amparada en los “usos y costumbres” en las comunidades de la región de La Montaña, permanece inalterable porque las policías comunitarias no lo ven mal, alertó Maira Martínez, ex Secretaria de la Mujer de Guerrero.
“Es una práctica común que tenemos por usos de costumbres en la región de La Montaña, específicamente en lo que se llama Montaña Alta y en la Costa Chica. Si bien es cierto hay una labor de las instituciones (en busca de impedirla), este flagelo no ha parado”, dijo Martínez a Grupo REFORMA.
“Veo algo que es importante, los propios Presidentes, Presidentas Municipales, las propias autoridades comunitarias están muy familiarizados con este uso, con esta costumbre y no lo ven mal”.
La venta de niñas se focaliza en Cochoapa El Grande y Tlacoachistlahuaca, municipios de unos 22 mil habitantes cada uno.
“Lo que hicimos fue armar un recorrido a estas comunidades, estuvimos con las autoridades en aquel tiempo en donde se comprometieron (a impedir los matrimonios forzados) a través de acuerdos que se firmaban con las Presidencias Municipales, con los Cabildos que estaba en esa época”, explicó Martínez.
“Y por supuesto, se llamaba a las propias autoridades comunitarias (policías comunitarias), estuvieron presentes, hay gráficas en ello, en donde hacían el compromiso reiterado de respetar los derechos e las infancias, que eso era lo que se buscaba”.
Grupo REFORMA reportó el caso de una niña de 16 años que fue encarcelada cuatro días por una supuesta infidelidad en Cochoapa, donde la policía comunitaria obligó a que la familia de la menor se comprometiera a devolver 450 mil pesos de la dote que pagaron los padres del esposo.
El marido solicitó la detención de la adolescente porque descubrió en su celular unas fotografías de su ex novio, quien también fue obligado a cubrir 250 pesos que exigían los familiares del denunciante. De estos convenios, también los policías comunitarios y sus “ministerios públicos” se ven beneficiados.
La familia de la niña tiene hasta hoy para pagar la multa, por lo que Martínez urgió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum en este caso.
“Lo más preocupante es esta violencia comunitaria, y es así como hay que llamarle, porque la propia comunidad, a través de los usos y costumbres, va permeando en que esto sea algo aceptable junto con las policías comunitarias”, señaló la ex funcionaria.
“Sin embargo, cuando se trata del menoscabo y de vejaciones a niñas, como estos últimos casos, de verdad que indigna mucho. Para poder frenar estas situaciones hay que también reforzar el tema de la escolaridad, hay que reforzar los apoyos”.
Desde 2021, recordó, se documentaron más de 30 casos de venta de niñas, un promedio que se ha mantenido por denuncias de organizaciones civiles, pero que es difícil conocer de manera exacta por el silencio que impera sobre este tema en las comunidades.
“Lo triste es la resistencia de las comunidades. Si bien las autoridades han querido hacer lo propio, creo que en todo momento la labor no ha parado, es un tema en el que se requiere un deslinde de responsabilidades”, manifestó.
“Va a pasar mucho tiempo para que México se pueda acostumbrar a que tengamos iniciativas que puedan limitar en ese sentido a las policías comunitarias, porque sí se exceden en el tema de la aplicación de los usos y costumbres hacia estas pequeñas”.
