- Lenia Batres desenmascara al Poder Judicial: 2,377 ganan más que la Presidenta.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre calles empedradas, sillas plegables y vecinos atentos, la ministra Lenia Batres Guadarrama soltó una bomba con cifras que, según sus propias palabras, “no se quieren llamar por su nombre, pero lo son”: más de 2 mil 377 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF) ganan más que la Presidenta de la República. Y no, no es un error contable. Para la llamada Ministra del Pueblo, esto es simple y llanamente un robo.
Rodeada de habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, Batres no necesitó micrófono ni estrado. La indignación hizo su propia resonancia. “Si esos servidores ganaran no menos, como deberían, sino exactamente lo mismo que la presidenta, estaríamos ahorrando más de dos mil 167 millones de pesos al año”, denunció. Pausa. Miradas de asombro. “Es muchísimo dinero. Pero claro, como son jueces, hay quien dice que no es robo. Yo digo que sí lo es. Y además, agravado”.
Las cifras provocaron un murmullo entre los presentes. No se trataba de ministros de toga y martillo sentados en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hablaba también de la élite administrativa del PJF, de esa burocracia bien vestida que sigue cobrando prestaciones que ya son inconstitucionales: seguros de gastos médicos mayores, separación individualizada, vales de alimentos, y un largo etcétera.
Lenia Batres, sin rodeos, cuestionó la autoridad moral de quienes interpretan la ley mientras violan abiertamente el artículo 127 de la Constitución. “¿Con qué cara un juez puede exigirle a un ciudadano que cumpla la ley si él mismo la infringe en su beneficio?”, lanzó, ante la aprobación del vecindario.
Fue una tarde de señalamientos sin medias tintas. Para Batres, el PJF ha defendido sus privilegios incluso a través de amparos —sí, amparos para seguir cobrando por encima del límite legal. La paradoja no podía ser más grotesca: el órgano encargado de impartir justicia usando el sistema judicial como escudo para conservar ingresos ilegales.
Por eso, dijo, la reforma judicial no es una ocurrencia. Es una necesidad estructural. “Vamos a ser el primer país del mundo en elegir a sus jueces por voto directo, secreto y popular”, recordó. No era una promesa; era una advertencia con fecha: 1° de junio.
Por la noche, la ministra se reunió con académicas, empresarias y liderazgos sociales femeninos. Ahí, el tono fue igual de firme. Explicó cómo esta reforma permitirá por fin hacer cumplir otra omisión disfrazada de legalidad: la integración paritaria de los órganos de justicia. Desde 2019 es una obligación constitucional. En los hechos, sigue siendo letra muerta.
“No se trata solo de ahorrar. Se trata de limpiar. De hacer que la justicia deje de ser un club de élite con sueldos blindados y vuelva a ser un poder al servicio de la sociedad”, concluyó.
