- Desde hace algunos meses, pobladores de Sisal, en Yucatán, iniciaron labores de desmonte para ocupar terrenos en la costa, con el argumento de que les corresponde su posesión por ser habitantes de la comunidad.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algunos meses, pobladores de Sisal, en Yucatán, iniciaron labores de desmonte para ocupar terrenos en la costa, con el argumento de que les corresponde su posesión por ser habitantes de la comunidad.
Es una afirmación incorrecta, dado que se trata de propiedad de la nación, reportó la Secretaría de Medio Ambiente en una tarjeta informativa difundida este miércoles.
Detalló que se trata de terrenos ganados al mar, por lo que nadie puede disponer de ellos para su aprovechamiento y uso con fines comerciales o de habitación sin contar con concesión de la Secretaría.
“Los terrenos ganados al mar son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación; se trata de terrenos inalienables, imprescriptibles e inembargables, y corresponde a la Semarnat promover su uso y aprovechamiento sustentables.
“Por lo tanto, los gobiernos estatales y municipales no tienen atribuciones o competencias para su administración u otorgamiento a particulares”, afirmó.
En febrero pasado, refirió, un grupo de pobladores invadió y desmontó tres superficies de terrenos ganados al mar de la costa de Sisal, en el municipio de Hunucmá, de 10 mil 400, 12 mil 600 y 14 mil 784 metros cuadrados.
En respuesta, señaló, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura y abrió procedimientos administrativos para frenar este proceso ilegal.
Lamentó que a pesar de que autoridades federales, estatales y municipales han llevado al cabo varias reuniones con una comisión de pobladores de Sisal para buscar posibles soluciones a la problemática, un grupo de personas continúa con la quema de arbustos, la apertura de calles y la lotificación de la línea de costa.
“Por todo esto, actualmente hay tres procedimientos administrativos y se ha levantado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), para la cual se está integrando la carpeta de investigación correspondiente para determinar los daños ambientales y los responsables de ejecutarlos”, afirmó.
