Satisfechos pero sin acuerdos sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión

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  • Entre agradecimientos y advertencias: finalizan los conversatorios en el Senado sobre otra reforma de las más controvertidas del sexenio.
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un tono solemne y reflexivo, el Senado de la República clausuró los cinco conversatorios organizados para debatir la controvertida iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Legisladores de todas las fracciones parlamentarias, así como representantes del sector académico, medios públicos y privados, comunidades indígenas y usuarios, compartieron un agradecimiento común: el enriquecimiento del debate gracias a las voces de expertos y colectivos.

Sin embargo, también coincidieron en que los temas más sensibles siguen sin resolverse y avanzan hacia una etapa crítica: la redacción final del proyecto y su próxima votación en el pleno.

El último conversatorio, centrado en los derechos de las audiencias, publicidad y mecanismos de protección, sirvió como termómetro de las tensiones que han acompañado esta reforma. Aunque todas las bancadas reconocieron el valor del diálogo abierto, las posturas continúan marcadamente divididas en torno a los puntos neurálgicos de la iniciativa.

EL PODER DEL ESTADO Y LA SOMBRA DE LA CENSURA

El punto más polémico sigue siendo el artículo 109, que permitiría al Ejecutivo bloquear plataformas digitales sin criterios claros. Para legisladores como Armando Ayala Robles (Morena), esto responde a la necesidad de regular un ecosistema digital que, según dijo, “opera sin control ni garantías para los derechos de las audiencias”.

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Sin embargo, voces como la del senador Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, advierten que este enfoque es “una censura simulada”, donde un ente con poder absoluto, la futura Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), decidirá qué contenido es permitido y cuál no.

La creación de la ATDT, que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es otra fuente de fricción. Legisladores como Claudia Edith Anaya Mota (PRI) cuestionaron su diseño jurídico que, en sus palabras, la convierte en “juez y parte”, con la capacidad de otorgar o retirar concesiones sin controles independientes. Para otros, como Enrique Pavón Baños, representante de la propia ATDT, esta agencia ofrecerá “certeza a los usuarios” y reducirá plazos para resolver quejas.

Entre las intervenciones más emotivas estuvo la de Nicacia Lino de Jesús, de Radio Tosepan Limakxtum, quien pidió que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar en todo el ciclo de producción de contenidos. Rodolfo López Espinoza, presidente de la Federación Mexicana de Sordos, exigió mejoras en el acceso a la lengua de señas y la sanción a intérpretes que incumplan estándares éticos.

Gabriela Ortiz Portilla, Defensora de Audiencias del Canal del Congreso, propuso fortalecer las defensorías de audiencia y garantizar el acceso a la justicia informativa, mientras Irene Levy, de Observatel, denunció el caso “Televisa Leaks” como evidencia de la necesidad de establecer controles reales sin caer en la censura.

UN HORIZONTE INCIERTO PERO INELUDIBLE

A pesar de múltiples desacuerdos, las fracciones coincidieron en que el proceso ha servido para visibilizar las complejidades de una ley que transformará la relación del Estado con los medios, la industria tecnológica y la ciudadanía.

Agustín Dorantes Lámbarri (PAN) lo sintetizó al pedir que las propuestas sean realmente integradas en el dictamen final y no se conviertan en “simples formalidades de participación”.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ante la creciente controversia, decidió posponer la votación para abrir una nueva fase de revisión técnica. Sin embargo, el mensaje entre líneas parece firme: la intención del Estado de asumir un rol preponderante en el sector no es negociable.

Lo que resta por saberse es hasta qué punto estará dispuesto el Senado a modular ese poder, y si podrá hacerlo sin transgredir libertades fundamentales ni comprometer acuerdos internacionales como el T-MEC.

Con el telón bajado en los conversatorios, la verdadera función apenas comienza en el Congreso. Y con ella, el destino de la comunicación y la libertad digital en México.

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