- Presentan senadores iniciativa para garantizar que los ingresos por peajes se reflejen en infraestructura vial de calidad, tarifas justas y seguridad para los usuarios.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Recorrer una autopista de cuota en México implica mucho más que avanzar por el asfalto. Implica pagar tarifas que, en muchos casos, no corresponden con el servicio recibido.
Tramos llenos de baches, puentes deteriorados, señalización ausente y una creciente percepción de inseguridad definen buena parte de la experiencia de los automovilistas, quienes cada año destinan miles de millones de pesos a una red vial cuya calidad dista mucho de lo que debería ofrecer.
Según datos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), entre septiembre de 2023 y junio de 2024, el ingreso por peajes y telepeajes en las autopistas que opera ascendió a 53,085 millones de pesos. De ese monto, 34,132 millones provienen de pagos en casetas y 18,953 millones del sistema de telepeaje.
El 95% de estos recursos se transfirieron al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mientras que el resto cubrió los gastos de operación. Solo por citar algunos ejemplos, la autopista México-Querétaro generó 5,986 millones de pesos, la México-Puebla 3,480 millones, y la Cuernavaca-Acapulco 2,077 millones.
Estas cifras contrastan con las condiciones reales de muchas de estas vías. En el primer trimestre de 2024, se registraron más de 3,500 accidentes en carreteras federales, con casi 500 personas fallecidas y más de 1,600 lesionadas.
A nivel nacional, en 2023, el INEGI contabilizó cerca de 400,000 accidentes viales. El deterioro no es sólo estadística: en estados como Jalisco, los transportistas aseguran que el 80% de las carreteras federales están en mal estado.
Pese a estos datos, los concesionarios —tanto públicos como privados— siguen operando con escasa fiscalización. CAPUFE, Pinfra, ICA Infraestructura, Aleatica y FONADIN son algunos de los principales operadores que gestionan miles de kilómetros de carreteras a través de contratos con el Estado. A cambio de poder cobrar tarifas, deben garantizar mantenimiento, seguridad y eficiencia. Pero ¿quién vigila realmente que eso se cumpla?
Ante este panorama, senadores del Partido Verde, encabezados por Virgilio Mendoza y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales.
Buscan que la calidad del servicio sea proporcional a las tarifas cobradas y proponen medidas concretas: homologación tarifaria con desglose obligatorio, inspecciones por parte de la SICT, sanciones de hasta 20% en las tarifas si no se hacen reparaciones en un plazo de 90 días y descuentos automáticos en caso de falta de mantenimiento.
Los legisladores argumentan que los ingresos por peajes deben reflejarse en infraestructura vial de calidad, tarifas justas y seguridad para los usuarios. “La ciudadanía tiene el derecho de exigir que los pagos realizados por peajes se traduzcan en la prestación de un servicio de calidad”, señalan en la exposición de motivos.
El debate está abierto. Con más de 11,000 kilómetros de autopistas de cuota en manos de concesionarios, y con ingresos multimillonarios anuales, la pregunta es inevitable: ¿cuándo comenzarán a devolvernos en servicio lo que cada día les damos en efectivo? El Congreso tiene la palabra. Y los usuarios, la esperanza de que algún día, pagar por una autopista signifique recorrerla con seguridad y dignidad.
