- La voz que sí escucha: peticiones ciudadanas marcan el rumbo del gobierno de Mara Lezama.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CHETUMAL, Q. ROO.- En un escenario donde la desconfianza hacia las instituciones aún pesa, Quintana Roo ha encontrado en las asambleas públicas de “La Voz del Pueblo” una válvula de escape.
Desde noviembre de 2024, este programa impulsado por la gobernadora Mara Lezama se ha transformado en mucho más que un canal de comunicación: es un puente directo entre el poder y la calle, entre el escritorio y la urgencia cotidiana.
Con 20 asambleas realizadas hasta ahora, es evidente que la iniciativa ha recorrido gran parte del territorio estatal. Cancún, Cozumel, Puerto Aventuras, Lázaro Cárdenas… los once municipios han sido testigos de jornadas donde el protocolo cede paso a la voz ciudadana, y donde cada solicitud es tratada —al menos públicamente— con la misma atención, sin importar si se trata de un trámite engorroso o una necesidad urgente.
Los temas más frecuentes en estas audiencias dibujan un mapa de las carencias que siguen marcando la vida diaria de miles de quintanarroenses. Uno de los más recurrentes es la regularización de la tenencia de la tierra. En un estado donde el crecimiento urbano ha sido muchas veces más rápido que el ordenamiento legal, decenas de personas acuden con carpetas llenas de papeles, buscando respuestas a promesas viejas y títulos de propiedad que nunca llegaron.
Otro de los pilares del programa ha sido la atención médica y los apoyos en salud. No son pocas las historias de quienes llegan solicitando una prótesis, un aparato auditivo, o la gestión de una cirugía. Casos que hablan de una realidad silenciosa: la salud aún no es un derecho accesible para todos.
También abundan las solicitudes de apoyos sociales y económicos. Desde una silla de ruedas hasta una máquina de coser o láminas para techar una vivienda: lo que para unos es un objeto cotidiano, para otros representa un cambio radical en su calidad de vida. En muchos casos, las audiencias son la única vía que encuentran para acceder a estos recursos.
El componente legal y administrativo también tiene su espacio. Orientación sobre fraudes inmobiliarios, problemas con créditos de vivienda, la necesidad de un acta de nacimiento o una CURP corregida: trámites que deberían resolverse fácilmente, pero que se transforman en laberintos burocráticos que las audiencias intentan destrabar.
Y por supuesto, está el tema más delicado de todos: la seguridad y justicia. Ahí, donde el Estado suele llegar tarde, los ciudadanos recurren a su gobernadora. Casos de violencia familiar, denuncias por cobros indebidos, peticiones para intervenir en situaciones que requieren más que voluntad política: exigen acciones reales y duraderas.
“La Voz del Pueblo” ha sido, en buena medida, un reflejo del gobierno de Lezama: cercano, mediático y con una fuerte apuesta por lo social. Pero también, es un termómetro constante de las deudas que aún se tienen con la población.
Escuchar es un paso, actuar es otro. Y si bien el programa ha ganado reconocimiento por abrir canales de diálogo, su eficacia se medirá en resultados palpables para quienes, desde hace años, esperan mucho más que una audiencia.
En el fondo, lo que estas asambleas revelan es que la voz del pueblo no sólo quiere ser escuchada. Quiere ser atendida. Y con hechos.
