- Se dio por cerrado el caso y se aclaró que solo mantendrá jurisdicción para verificar que se cumpla un acuerdo aparentemente ya alcanzado entre las partes.
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MIAMI, FL.- Una jueza de Miami desechó la demanda civil de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, este lunes.
La juzgadora dio por cerrado el caso y aclaró que solo mantendrá jurisdicción para verificar que se cumpla un acuerdo aparentemente ya alcanzado entre las partes.
“Luego de un largo proceso de negociación, las partes dieron a entender a la Corte que todos los pasos necesarios para efectuar un acuerdo serían completados a más tardar el 16 de mayo de 2025”, afirmó la jueza Lisa Walsh.
“El demandante (la UIF) aseguró a la Corte que desecharía las partes pendientes de este caso para el 16 de mayo, pero no se ha presentado una petición voluntaria de desechamiento.
“La Corte, por tanto, basada en el acuerdo, desecha todos los reclamos pendientes en esta demanda, mantiene jurisdicción solo para ejecutar el acuerdo, y ordena a la secretaría cerrar este caso”, agregó.
Los “reclamos pendientes” son los que la UIF presentó contra la familia Weinberg, los empresarios que se asociaron con García Luna cuando todavía era funcionario, y luego acumularon decenas de inmuebles en Florida, presuntamente pagados con recursos provenientes de contratos públicos.
El pasado 23 de mayo, abogados de la UIF y de los Weinberg pidieron a la Corte cerrar el caso sin perjuicio de que se pueda reanudar posteriormente. Sin embargo, la UIF afirmó que el acuerdo aún no estaba cerrado, el 27 de mayo.
“Las partes solicitaron la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.
“O bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal”, explicó la UIF.
“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”, agregó.
La resolución firmada este lunes por la jueza, de solo dos párrafos, indica que ella considera que ya existe un acuerdo, cuyos términos no son públicos, y que eso es lo único que seguirá supervisando.
Desde principios de 2025, Walsh había mostrado en las audiencias una urgencia creciente para cerrar el proceso, que inició en 2021, pero los abogados le insistían que en México se requerían autorizaciones “al más alto nivel” para aprobar lo negociado.
El acuerdo requiere la comparecencia de los Weinberg ante un juez federal de Almoloya de Juárez, para oficializar un criterio de oportunidad con la FGR, por el cual serán testigos colaboradores y se cancelarán los cargos penales en su contra, a cambio del pago de una reparación de daño al gobierno.
La audiencia se iba a celebrar el 26 de mayo, pero fue aplazada.
Recuperación mínima
La demanda reclamaba originalmente unos 600 millones de dólares de contratos públicos supuestamente ilegales.
Hasta ahora, se han recuperado unos 3.2 millones de dólares, y en mayo se dictaron condenas contra García Luna y su esposa -que no se defendieron-, por 2 mil 488 millones de dólares, de las que solo un mínimo se podrá cobrar.
El litigio contra los Weinberg, en tanto, se enfocó sobre 28 inmuebles en Florida, comprados por empresas de papel que ellos crearon, de los que al menos 18 ya fueron vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
Es por ello, que la parte central de la demanda es la negociación con los Weinberg, acusados por la FGR de lavado de dinero, ya que ellos son quienes más dinero e inmuebles pueden entregar.
