- La financiera Black Wallstreet Capital no sólo habría lavado 15 mil millones de pesos, sino que rebasaría los 20 mil millones en colusión con otras seis empresas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La financiera Black Wallstreet Capital no sólo habría lavado 15 mil millones de pesos –que ya era el monto más alto que la Fiscalía General de la República (FGR) había llevado ante la justicia federal– sino que rebasaría los 20 mil millones en colusión con otras seis empresas.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita ocurrieron entre 2014 y 2022 y respaldaron la orden de aprehensión contra el cubano mexicano Juan Carlos Minero Alonso, presidente de la firma, y quien ya fue detenido en la Ciudad de México e internado en el Penal del Altiplano.
Ahora están prófugos por la misma imputación Guillermo Arturo Delgado Olguín, Erick Alejandro Buendía Contreras, José Ernesto Rivera Ledezma y Andrea Tamayo Capdeville.
La investigación de la FGR señala que las empresas involucradas operaron centenas e incluso miles de millones de pesos de origen presuntamente ilegal que no fueron declarados al fisco, pese a que se trata de dinero introducido al sistema financiero.
La empresa que manejó el mayor volumen de dinero de origen presumiblemente inexplicable es BWC Independiente, por un total de 11 mil 650.9 millones de pesos tan sólo en el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2022.
Aunque operó esas cantidad, en los ejercicios fiscales 2020 a 2022 sólo declaró ingresos totales por 100.4 millones de pesos, determinando así una discrepancia de 11 mil 650.9 millones de pesos, de los que no se identificó que provengan de una actividad económica declarada ante la autoridad fiscal, por lo que se desconoce su origen y procedencia, expuso la FGR.
Le sigue Grupo Aozon, con una discrepancia de 3 mil 179.3 millones de pesos; Teck Deal, con 2 mil 465.9 millones e Industrias Green Gold, con 2 mil 372.7 millones de pesos.
Después están Indagrosur, con una discrepancia de 345.3 millones de pesos; Novedades Nova, con 245.2 millones, y Comercializadora Alvmin, con 226.4 millones de pesos.
El pasado 2 de junio, el juez de control Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en Estado de México, vinculó a proceso a Minero por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La defensa del joven empresario, encabezada por Virgilio Tanús, manifestó que esta imputación carece de información y sustento, ya que en principio se basa en un dictamen de la FGR que no revisó todos los estados de cuenta de las empresas.
Pero el cuestionamiento esencial a la imputación es su metodología que, según su alegato, conlleva a una apreciación y conclusión errónea, la de asumir que todo depósito bancario debe ser declarado ante el Servicio de Administración Tributaria como un ingreso.
En la audiencia, la defensa presentó como testigos a los contadores públicos Ricardo Yair Romero Torres y Orlando Lazcano Cardona, quienes expusieron que en entidades financieras con un objeto social determinado, el dinero en realidad es una mercancía y los depósitos bancarios bien pueden ser préstamos, créditos o inversiones, pero no ingresos.
Además, el abogado Virgilio Tanús expuso que la forma en que se condujo su cliente para constituir las razones sociales, en realidad es la contraria a la que seguiría un lavador de dinero.
“El hecho de dar de alta las empresas, lo único que hace es dotarlas de transparencia, sería absurdo que fuera a presentarse ante un notario y ante el SAT (si fuera para fines ilegales); lo sospechoso sería que las aperturara con notarios públicos de provincia y controlara empresas en las que no es accionista”, argumentó el litigante.
Si bien la FGR dice que existen indicios de que, cuando menos una parte de los recursos, presumiblemente procederían de Eduard Fernando Giraldo Cardoza “El Boliqueso”, capo Cártel del Norte del Valle de Colombia, la defensa respondió que ese dato se basa en notas periodísticas y que la Fiscalía no ofreció datos para acreditarlo.
Los abogados de Minero decidirán en los próximos días si apelan o presentan un amparo para tratar de revertir la vinculación a proceso y obtener su libertad.
