Por KUKULKÁN
LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para cerrar su Decimoprimera Época entre expedientes congelados, ministros cuestionados y un desfile de impedimentos que más que entorpecer, han servido para desnudar lo que por años se mantuvo bajo la alfombra: los conflictos de interés que manchan la imparcialidad del más alto tribunal del país. Con el reloj jurídico corriendo y la nueva integración del Pleno en la línea de salida, lo que para algunos son maniobras dilatorias, para otros —los más atentos— es el último intento por frenar sentencias que podrían cargar no sólo con tinta legal, sino con lealtades arrastradas desde tiempos más oscuros.
EL MÁXIMO Tribunal del país está a semanas de pasar a su Decimosegunda Época con una integración renovada de nueve ministras y ministros. Y sí, algunos miembros salientes parecen más interesados en dejar su sello que en rendir cuentas. Por eso, resulta no sólo válido sino necesario que se les impida participar en la resolución de ciertos casos. ¿Quién puede negar que Alfredo Gutiérrez, exjefe del SAT, debiera abstenerse de resolver asuntos fiscales que iniciaron bajo su gestión? ¿O que por externar públicamente su opinión contra el propietario de Grupo Elektra, Lenia Batres quede fuera de juicio?
EN ESTE país, donde las puertas giratorias entre el poder judicial y el ejecutivo parecen montacargas, el conflicto de interés no es una hipótesis académica, es una práctica cotidiana. Y si el único freno disponible para evitar sentencias contaminadas es el impedimento, entonces que se recurra a él cuantas veces sea necesario. Porque más vale un expediente en pausa que una sentencia viciada.
ADEMÁS, hay que decirlo sin rodeos: esta Suprema Corte arrastra una credibilidad más golpeada que piñata en posada. La sociedad no olvida los fallos convenientes, los silencios cómplices y los amparos selectivos. El Poder Judicial ha sido un club privado de juristas que se turnan las verdades como si fueran favores. ¿Y ahora que se les pide que se abstengan de votar en asuntos donde podrían tener intereses? ¡Qué escándalo! Como si la honestidad fuera un ultraje.
DETRÁS de cada impedimento hay un mensaje claro: la justicia no puede depender de la cercanía política, la trayectoria burocrática o el pasado administrativo de quien la imparte. La recusación de ministros o ministras no debería verse como una traba, sino como una señal de evolución del sistema. Que se impida a quienes tienen un pie en el conflicto es una muestra de que el control institucional aún respira.
EN LA AGENDA hay casos delicados en espera: el amparo de Juana Hilda González por el caso Wallace, la millonaria disputa de Dish, los miles de millones que Elektra y otras empresas se niegan a pagar. impuestos. Pero más grave que una demora es que estos asuntos sean resueltos por ministros con el juicio empañado por pasados cargos o compromisos velados. La justicia rápida no siempre es justa, y en estos casos, mejor una pausa con ética que una prisa con intereses.
CON las Salas próximas a extinguir sus últimas sesiones antes del 13 de agosto, los expedientes deberán ser abordados por la nueva integración del Pleno. Una integración que, esperemos, llegue con las manos menos manchadas y las mochilas menos cargadas. Será esa nueva Corte la encargada de retomar el rumbo y mostrar que el Derecho puede, de vez en cuando, limpiarse la cara.
ASÍ se cierra esta Decimoprimera Época: no con una ovación sino con un necesario control de daños. Porque si los impedimentos duelen, es porque tocan donde antes nadie se atrevía. Que venga la Decimosegunda, y con ella, la oportunidad de que el Poder Judicial deje de ser sospechoso habitual y se atreva, por fin, a parecerse a la justicia que proclama.
