- En los muelles de Cancún, Puerto Morelos, Cozumel o Bacalar, cada día zarpan embarcaciones que nunca deberían estar en el agua.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- En los muelles de Cancún, Puerto Morelos, Cozumel o Bacalar, cada día zarpan embarcaciones que nunca deberían estar en el agua. Lo hacen sin matrícula, sin seguro, sin tripulación capacitada y sin permiso para operar. Pero llevan turistas. Muchos. Y cobran por ello.
La escena es cotidiana, visible incluso en redes sociales, donde se ofrecen paseos privados con todo incluido, sin importar si la lancha tiene los requisitos legales o no. “Matrícula en trámite” dice un letrero improvisado pegado con cinta en la proa de una embarcación que, en realidad, lleva años sin cumplir las normas. No es la excepción, es la regla en un fenómeno conocido como pirataje náutico.
El problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Según estimaciones del sector náutico, el 20% de los servicios turísticos marítimos en el Caribe Mexicano se realiza en condiciones irregulares. En Cozumel, operan más de 150 embarcaciones sin papeles. En Bacalar, al menos 200 ofrecen paseos sin permisos, seguros ni certificación.
La situación no solo vulnera la ley: pone en peligro a los pasajeros y debilita a un sector formal que sí cumple con los estándares que exige el turismo internacional.
Ricardo Muleiro, director de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, advierte que la normativa es clara: cualquier embarcación dedicada al turismo debe contar con seguros obligatorios que incluya daños a terceros y responsabilidad civil. Sin embargo, muchas de estas lanchas privadas no lo hacen, no están obligadas, y, lo que es peor, no hay quien las detenga.
La ley, en estos casos, queda en papel. Las autoridades portuarias, la Secretaría de Marina y la Coordinación de Puertos han recibido denuncias, pero no actúan con la contundencia que la situación exige. La respuesta institucional ha sido mínima, mientras que las embarcaciones ilegales siguen operando con total impunidad.
Los riesgos no son teóricos. Si ocurre un accidente y el seguro no cubre la operación comercial, el turista queda desprotegido. Y más allá de la seguridad personal, está el impacto ambiental: estas embarcaciones navegan sin regulación por zonas protegidas como el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres o los arrecifes de Punta Nizuc, sin cumplir protocolos ni respetar límites.
La competencia desleal ha puesto en jaque a empresas establecidas que deben pagar permisos, capacitar personal y mantener sus embarcaciones bajo normativa estricta. Algunas ya han cerrado. Otras están al borde.
