- Decenas de candidatos a diversos cargos exigieron al Tepjf anular la elección del pasado 1 de junio.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas de candidatos a diversos cargos exigieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) anular la elección del pasado 1 de junio.
Esto, ante lo que consideran “una voraz inducción del voto” e irregularidades reconocidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Incluso, algunos de ellos solicitaron a esa instancia jurisdiccional comparar los votos con el padrón de beneficiarios de programas sociales, para confirmar si quienes acudieron a las urnas con acordeón lo hicieron presionados.
Hasta el momento, la Sala Superior ha recibido alrededor de 250 impugnaciones, en las que se demanda la nulidad, tanto de aspirantes como organizaciones y liderazgos del PAN, PRI y MC.
Este lunes, 23 aspirantes a magistrados de circuito y jueces de distrito presentaron su recurso, en el que insisten que la autoridad no puede ser omisa a las irregularidades denunciadas, entre ellas la entrega de acordeones.
Entre sus pruebas están las “guías de votación” difundidos en redes, en los que se promocionan cargos nacionales, pero también las entregadas de manera física en una decena de entidades.
Para los quejosos, en este proceso electoral se registraron tres condiciones que provocaron un “efecto corruptor”: la injerencia de gobiernos, Morena y uso de recursos públicos.
Esto contaminó el proceso al restarle credibilidad e inducir el voto y también impactó de forma directa y total en los derechos político-electorales de la ciudadanía y de las candidaturas.
“Así como en el proceso penal la actualización del efecto corruptor conduce a la invalidez total del procedimiento y a la imposibilidad de emitir una sentencia condenatoria, en el ámbito electoral debe llevar al Tribunal a decretar la nulidad de la elección correspondiente”, indica el recurso presentado.
“Al no estar dadas las condiciones constitucionales mínimas para considerar válidos y legítimos sus resultados”.
Los candidatos denunciantes estuvieron acompañados de integrantes de Somos, organizaciones de la llamada “Marea Rosa” que buscan constituirse en nuevo partido político.
Froylán Muñoz, magistrado en materia penal y candidato en este proceso por el mismo cargo, afirmó compitieron pensando que Morena y los gobiernos respetarían las reglas, pero no fue así, por lo que fue una elección totalmente desaseada.
Informó que alrededor de 220 juzgadores en funciones decidieron ir a las urnas, pero únicamente alrededor de 20 ganaron, y lo hicieron en estados donde no gobierna Morena.
“Creo que 20 fueron los que salieron electos, pero no donde gobierna el partido oficial, fue quizá donde se respetó más el sufragio libre y secreto”, dijo. “Aquí se trata de un proceso electoral viciado en su integridad”.
Sin justificar la razón, el INE no autorizó que los candidatos entraran a la Oficialía de Partes a entregar su impugnación, por lo que un empleado salió a la calle a recibirla.
Por separado, el candidato a ministro, Ricardo Sodi, no sólo exige la nulidad, sino comparar los padrones del Bienestar para revisar si quienes acudieron a las urnas fueron beneficiarios.
“Los insumos documentales que solicitamos a esta autoridad sean requeridos para verificar la existencia de una correlación entre la concentración de beneficiarios y la votación uniforme por la lista impugnada.
“La coincidencia territorial entre los distritos de mayor presencia de beneficiarios y los resultados electorales que reproducen, casi de manera mecánica, acredita la determinancia cualitativa exigida por la jurisprudencia”, indicó el ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México.
“Tal convergencia demuestra que la red de bienestar se utilizó como palanca de presión: se hizo saber a los receptores de apoyos que la continuidad de sus beneficios dependía de votar conforme al ‘acordeón’”.
