Tiene Trump luz verde para la demolición del Departamento de Educación

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  • La batalla por el control del sistema educativo en Estados Unidos entró en una fase definitiva este lunes.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La batalla por el control del sistema educativo en Estados Unidos entró en una fase definitiva este lunes, cuando la Corte Suprema despejó el camino legal para que el gobierno del presidente Donald Trump continúe con el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED).

Con una votación dividida, el máximo tribunal suspendió la orden judicial que había frenado los despidos masivos, dando luz verde a la administración para eliminar más de mil 300 puestos de trabajo y acelerar la reconfiguración del aparato educativo federal.

Esta decisión representa un hito dentro de una estrategia iniciada el 20 de marzo de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para comenzar a cerrar el Departamento de Educación, bajo el argumento de devolver el control a los estados y reducir la intervención federal en las escuelas.

Fue uno de los compromisos centrales de su campaña, presentado como parte de su proyecto para reconstruir la autonomía estatal y debilitar lo que él llama el “estado profundo burocrático”.

Pero el camino ha sido todo menos sencillo. Apenas comenzaron los recortes —que eliminaron ya el 50% del personal del Departamento de Educación, reduciendo la plantilla de 4 mil 100 a 2 mil 100 empleados— sindicatos, fiscales generales demócratas y distritos escolares presentaron demandas ante tribunales federales.

Un juez en Boston, Myong Joun, consideró que los despidos “probablemente paralizarán1 las funciones básicas del departamento y suspendió temporalmente el plan. Sin embargo, con la decisión de la Suprema Corte, ese freno ha sido eliminado.

Lo que sigue ahora es una reorganización sin precedentes. Los préstamos estudiantiles federales pasarán a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA); la educación especial se moverá al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); los derechos civiles en las escuelas se trasladarán al Departamento de Justicia; y la recopilación de estadísticas educativas quedará en manos de la Oficina del Censo.

Incluso el Departamento del Tesoro asumiría el control de becas y auditorías educativas.

La justificación oficial se sostiene en principios de eficiencia administrativa y control local. Según Trump, “los padres, no los burócratas de Washington, deben tomar las decisiones educativas”. Para sus aliados, como la Heritage Foundation —arquitectos del plan—, el proyecto no es un retroceso, sino una “redistribución funcional” del aparato estatal.

Pero los críticos advierten graves consecuencias. Democracy Forward, grupo legal que representa a sindicatos y distritos escolares, denunció que la medida “asesta un golpe devastador a la promesa de una educación pública para todos los niños”. Entre las funciones amenazadas están los Títulos I y II, becas Pell, FAFSA, los servicios para estudiantes con discapacidad, y la supervisión del acceso equitativo a la educación.

Expertos también señalan inconsistencias técnicas: la SBA no tiene experiencia con universidades, el HHS no maneja relaciones con escuelas, y el Departamento de Justicia podría politizar la aplicación de derechos civiles.

Incluso los datos educativos quedarían sujetos a criterios estadísticos sin enfoque pedagógico, si se integran a la Oficina del Censo.

En términos legales, el plan aún enfrenta su mayor obstáculo: el Congreso. Para cerrar completamente el Departamento de Educación, se requiere una ley específica, algo poco probable ante el estancamiento legislativo y la resistencia del Senado.

Por ahora, Trump puede avanzar en la reducción estructural, pero no eliminar por completo al organismo.

Así, el futuro de la educación pública en Estados Unidos se juega en múltiples frentes: en los tribunales, en los pasillos del Congreso y en el día a día de escuelas que temen perder apoyo, servicios y estructura.

Mientras los estados comienzan a prepararse para asumir funciones que por décadas fueron federales, el país debate no sólo un modelo educativo, sino el significado mismo del derecho universal a la educación.

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