- Investigación por adjudicaciones irregulares sacude a Secretaría de Salud estatal y su titular Gabriel Cortés.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó reabrir una investigación por presunta corrupción en el Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato, luego de que se determinó que la denuncia original fue desechada de manera prematura por el Ministerio Público sin agotar las diligencias correspondientes.
Esta nueva resolución pone bajo la lupa al actual secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, quien dirigió dicho hospital durante 2023 y 2024.
La denuncia, interpuesta el 17 de octubre de 2024 por la actual directora del hospital, Martha Karina Rodríguez Lizola, describe irregularidades en la asignación de contratos durante la administración anterior.
Según investigaciones previas, varias empresas beneficiadas con adjudicaciones eran de reciente creación o consideradas “fantasma”, y estarían vinculadas con funcionarios públicos que hoy ocupan cargos en la Secretaría de Salud estatal.
El juez Orlando Díaz Delgadillo, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, calificó de “inadmisible” la actuación de la agente del Ministerio Público, Diana Martínez, quien cerró el caso apenas 17 días después de recibir la denuncia, sin solicitar pruebas ni realizar diligencias.
También cuestionó el hecho de que solo se dio un plazo de 24 horas al representante legal del ISSSTE para presentar documentación relevante.
Durante la audiencia, el juez cuestionó la justificación de la fiscal, quien argumentó que la documentación no fue entregada de forma personal y que algunos representantes no acudieron puntualmente, razones que no consideró válidas para cerrar la carpeta.
Con esta nueva resolución, el Ministerio Público federal en Guanajuato está obligado a retomar la investigación y realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
La reapertura del caso revive señalamientos graves sobre la administración de Cortés Alcalá, acusado de entregar contratos de forma irregular a empresas presuntamente ligadas a trabajadores del hospital.
Los contratos involucrarían servicios de mantenimiento, vigilancia y remodelación, y podrían haber causado un daño al erario público superior a los 50 millones de pesos.
Por la gravedad de los hechos, legisladores tanto del PAN como de Morena han exigido la renuncia del secretario de Salud, además de que se han presentado denuncias ante la FGR, la ASF y el Órgano Interno de Control.
