- Aprueban metodología para evaluar a candidatos al Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas
FELIPE VILLA
Ciudad de México.– Este miércoles 30 de julio arranca formalmente el proceso de evaluación para seleccionar a los nuevos integrantes honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tras aprobarse en comisiones del Senado el acuerdo que establece la metodología y el formato de evaluación para las y los aspirantes.
De un total de 138 personas registradas, solo 44 cumplieron con todos los requisitos del procedimiento, según informó la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación.
Los aspirantes se distribuyen en tres categorías: 21 especialistas, 11 representantes de organizaciones civiles y 12 familiares de personas desaparecidas.
El proceso fue delineado por las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, presididas por Valdez Martínez y la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, respectivamente.
Ambas comisiones acordaron que los candidatos serán convocados con suficiente antelación para presentarse en el Senado, debido a su procedencia diversa: Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Sinaloa.
El origen del proceso se remonta al pasado 1 de julio, cuando el Pleno del Senado aprobó la convocatoria y las bases del procedimiento de selección, a través de un acuerdo impulsado por la Junta de Coordinación Política.
La inscripción de aspirantes se habilitó del 21 al 25 de julio, mediante una plataforma en el sitio web del Senado. Con la aprobación del nuevo acuerdo, las comisiones legislativas tendrán hasta el miércoles 30 de julio para definir y publicar la metodología y el formato de evaluación.
Posteriormente, y a más tardar el 15 de agosto, deberán remitir a la Junta de Coordinación Política el dictamen con el listado final de candidatas y candidatos que cumplan con los criterios de elegibilidad.
El Consejo Nacional Ciudadano quedará conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda o investigación de delitos (uno forzosamente con experiencia forense) y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos.
Este órgano tiene como objetivo principal fortalecer la vigilancia, colaboración y seguimiento de las acciones del Sistema Nacional de Búsqueda, aportando la experiencia de la sociedad civil, las víctimas y expertos en el tema.
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