- Tiene Q. Roo primer lugar en robo a negocio, estados con menor incidencia son Chiapas, Yucatán y Tlaxcala, reporta Coparmex.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo encabeza la lista de entidades con mayor incidencia de robos a negocios en todo el país, advierte el más reciente Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El estudio corresponde al primer semestre de 2025, con una tasa de 239 carpetas de investigación por cada 10 mil unidades económicas.
A Quintana Roo le siguen los estados de Aguascalientes (233.6) y Querétaro (208.4), mientras que las entidades con menor incidencia fueron Chiapas (4.7), Yucatán (8.5) y Tlaxcala (11.9).
A nivel nacional, se reportaron 34 mil 012 carpetas por robo a negocio, lo que representa una disminución de 9.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.
Sin embargo, persiste una preocupante cifra negra de 82.2 por ciento, lo que implica que la mayoría de los delitos no se denuncian formalmente.
Los tres municipios con mayor incidencia son Coatzacoalcos, Veracruz (511.1); Boca del Río, Veracruz (493.3) y Veracruz, Veracruz (479.1).
Mientras que Benito Juárez ocupa el cuarto lugar, con una tasa de 444.4 incidentes por cada 10 mil unidades económicas.
En este sentido, sólo uno de los municipios de Quintana Roo entra el top 20 nacional a nivel municipal, mientras que el estado de México destaca por concentrar seis municipios en los primeros veinte lugares.
En cuanto a la violencia con la que se cometen estos robos, el informe indica que 41.7 por ciento de los casos fueron con uso de violencia, aunque esta modalidad también mostró una baja de 11.9 por ciento respecto al año anterior.
En materia de extorsión, Quintana Roo ocupa el décimo lugar nacional, con 10.8 casos por cada 100 mil habitantes.
Lideran esta categoría Guanajuato (24.1), Morelos (17.6) y el estado de México (16.7); los estados con menor incidencia son Yucatán (0.1), Chiapas (0.2) y Tlaxcala (1).
En homicidios, Quintana Roo se ubica en el lugar 12, con una tasa de 17.3 víctimas por cada 100 mil habitantes; Colima encabeza la lista con 80.3, seguido de Sinaloa (57.3) y Morelos (55). Al otro extremo se encuentran Yucatán (1.3), Coahuila (2.7) y Durango (3.3).
A pesar de la gravedad de los datos, la Coparmex reporta una tendencia a la baja en homicidios y robos a negocios.
En homicidios, se contabilizaron 15 mil 541 carpetas, la cifra más baja desde 2017; y en robos a negocios, los 34 mil casos registrados son también el menor número desde ese año.
No obstante, la extorsión continúa en aumento, con cinco mil 887 carpetas en el primer semestre del año, lo que representa un incremento de 6.9 por ciento respecto a 2024.
Y un nuevo pico por encima de los cinco mil 816 casos de 2022, cuando se alcanzó el máximo histórico.
En 2024, 12.8 por ciento de los empresarios afiliados a Coparmex reportaron haber sido víctimas de extorsión; de ellos, 70.5 por ciento señalaron que fue mediante llamadas telefónicas.
IMPULSAN LEYES
Ante este panorama, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex, anunció una serie de propuestas legislativas para frenar la extorsión en sus diferentes modalidades.
Entre las medidas, destaca la propuesta de una Ley General contra la Extorsión, con la que se busca homologar los tipos penales en todas las entidades federativas, ya que actualmente hay grandes disparidades en su definición legal.
También se contempla una regulación más estricta sobre los Centros de Reinserción Social, desde donde proviene la mayoría de las llamadas de extorsión telefónica.
Sierra Álvarez hizo un llamado urgente para cerrar definitivamente esta vía delictiva desde los penales.
Se buscará potenciar el uso de la línea anónima 089, para fomentar las denuncias y reducir la cifra negra, además de implementar bloqueos automáticos a números telefónicos utilizados para extorsionar.
Se planteó priorizar reportes desde reclusorios y mejorar el manejo de llamadas falsas.
LA ‘LEY CHALECO’
En cuanto a la extorsión presencial o “derecho de piso”, la Coparmex propone medidas adicionales, como la regulación del uso de motocicletas, uno de los principales medios empleados para cometer este tipo de delitos.
Una de las propuestas destacadas es replicar a nivel nacional la llamada “Ley Chaleco”, implementada en Quintana Roo, que obliga a los motociclistas a portar casco y chaleco con número de placas visible.
Este modelo, sostuvo Sierra Álvarez, permite una identificación más rápida de los agresores y facilita la denuncia, especialmente si se acompaña con sistemas de vigilancia colaborativa, donde empresarios comparten grabaciones de cámaras de seguridad con autoridades.
“Esto va a ayudar mucho y si tenemos a la motocicleta con el chaleco con el número de la placa; con una identidad del conductor, va a ser más sencillo poderlos ubicar y todo el rastro.
“Entonces, en cuanto a ello, por supuesto que vamos a promover una iniciativa en el Congreso para que se pueda legislar y homologar estas propuestas”, explicó.
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