- Ante los problemas generados en las últimas elecciones, siete de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon algunos de los temas que deben incluirse en la reforma electoral.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los problemas generados en las últimas elecciones o que están considerados como focos rojos, siete de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon algunos de los temas que deben incluirse en la reforma electoral.
En la lista están diferir la elección judicial de 2027, un nuevo modelo de comunicación política —ante las trampas de los partidos para adelantar campañas— y reforzar la fiscalización para frenar la entrada de dinero en efectivo e ilícito.
También consideran cambiar la fórmula para reducir el financiamiento público a partidos, garantizar la autonomía y presupuesto al INE, obligar a otras autoridades a proporcionar información al organismo, el resguardo del Padrón Electoral y revisar la colaboración entre autoridades electorales y fiscalías especializadas en delitos electorales.
Otro de los temas a considerar, a decir de consejeros, es normar las acciones afirmativas y aclarar la paridad de género, por ejemplo, en gubernaturas.
Los consejeros electorales consultados se oponen a elegir a los consejeros por voto popular y demandan mantener a los organismos electorales locales (OPLES).
DIFERIR LA ELECCIÓN JUDICIAL
Ante lo complejo que fue la elección al Poder Judicial, la mayoría de los consejeros demandan diferir la renovación de otros 800 juzgadores programa para el 2027. Incluso analizar si deben existir elecciones federales y locales al mismo tiempo.
Por ejemplo, en el 2027, se renovarán 800 juzgadores, 500 diputados, mil 600 Alcaldías, 17 Gubernaturas y una veintena de Congresos locales.
Para los consejeros, aunque realizar al mismo tiempo todas esas elecciones parecería un ahorro, sería un abuso someter a los ciudadanos a una jornada con tantos cargos, sería confuso y les impediría informarse adecuadamente sobre todos los candidatos.
Además, implicaría un doble gasto, pues se instalarían dobles casillas, pues los partidos no pueden estar en la contienda judicial, y sería una labor maratónica multiplicar a los funcionarios de casilla o contratar a miles de capacitadores electorales.
La situación se agrava con la fiscalización, pues el INE tendría que auditar miles de candidatos como jamás en la historia. Este año fueron 7 mil candidatos, en el 2024 fueron 20 mil federales y locales, así que para el 2030 serían alrededor de 30 mil. Duplicando el número de empleados para revisar dichas cuentas, unos 3 mil.
“Sería tremendamente grave política y organizativamente hacer reelección judicial al mismo tiempo que la elección legislativa. Son elecciones de características totalmente distintas. Acabamos de superar una elección judicial, pero este no es una competencia, por favor no necesitamos que nos pongan el reto sobre el reto del reto”, afirma el consejero Uuc-Kib Espadas.
